Hasta ahora, era solo una sospecha. Los padres enviaban a sus hijos a estudiar a centros de renombre en función del prestigio y de una presunción de calidad de la que no había datos fehacientes. Pero los resultados en el informe Pisa de 2009 publicados la semana pasada demuestran que los niños de la enseñanza privada y concertada obtienen mejores resultados que los de la pública. En Andalucía, la diferencia entre unos y otros es de 44 puntos sobre 600, es decir, un 7%. Puede parecer una cifra poco significativa, pero su importancia radica en que la brecha se ha cuadruplicado en tres años desde el último estudio Pisa, cuando apenas había once puntos de distancia entre los centros de la Comunidad Autónoma en función de su titularidad.

El informe Pisa mide estas diferencias atendiendo a las competencias en comprensión lectora. España, con una separación de 31 puntos entre la pública y la privada, se sitúa dentro de la media de la OCDE en este sentido, entre países con escasa distancia como Finlandia (7), Corea del Sur (16) o Alemania (18) y otros con una separación de más de cien puntos como Panamá. Dentro de Europa, en la mayoría de los países la educación privada supera a la pública, con la excepción de Italia y Holanda. Por comunidades, Andalucía se encuentra entre las que registra mayores desigualdades junto con Canarias (59).

Desde la Delegación de Educación, defienden que la enseñanza pública tiene la misma calidad que la privada y que, de hecho, los centros concertados financiados con dinero del Estado, se rigen por los mismos parámetros que los centros públicos. Los responsables de enseñanza en Málaga explican que en los últimos años se han realizado políticas activas para mejorar el nivel de lectura de los niños, fomentando las bibliotecas en las escuelas y que varios centros han obtenido premios a nivel nacional por las buenas prácticas en este sentido.

Pero la patronal, sindicatos y asociaciones de padres y madres indican que la separación existente entre estos centros va más allá. Ramón Seco, representante en Málaga de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), explica que, desde el punto de vista formativo, no se aprecian diferencias entre los alumnos que consiguen llegar a la universidad en función de dónde estudiaron. «El problema es que por el camino el número de estudiantes que dejan los libros es significativamente superior en la enseñanza pública donde, por cierto, gozan de una mayor disposición de medios y recursos que en la privada», asegura.

Reparto desigual

Los sindicatos apuntan a una cuestión de desequilibrio. «Los centros privados obtienen mejores resultados porque existe un reparto desigual del alumnado», explica José Fernández, secretario provincial de la Federación de Enseñanza de CC OO. Lo mismo opina Teresa Blanca, secretaria provincial de Enseñanza de UGT que señala que la calidad de la enseñanza es similar con los colegios de pago, porque tienen que atender unas competencias fijas y cuentan con un profesorado igualmente preparado. El matiz está entonces en el tipo de alumnado que reciben.

«La mayoría de los alumnos inmigrantes, los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y los menores con riesgo de exclusión social, que precisan de más apoyo, se encuentran en los centros públicos; los de pago y concertados, bien sea porque se encuentran en zonas con hogares de nivel medio-alto o porque hacen algún tipo de criba encubierta no tienen que atender en sus aulas a este tipo de menores», afirma Blanca.

La responsable de Enseñanza de UGT defiende que las clases en la privada y concertada son más homogéneas, con niños con niveles muy similares, lo que facilita la enseñanza. Frente a esto, en la pública hay una gran diversidad y distintos ritmos de aprendizaje que difícilmente pueden abarcarse con unos medios reducidos. Además, los sindicatos relacionan el nivel socioeducativo de las familias del alumnado con los resultados académicos, algo que se corrobora en el propio informe Pisa, que apunta a que los niños de hogares con mejor posición económica y cultural obtienen mejores notas.

Por eso, los sindicatos exigen un reparto más equilibrado del alumnado. Y ponen como ejemplo el caso de los menores inmigrantes. Según un reciente estudio publicado por este sindicato, el 82% del alumnado inmigrante está escolarizado en los centros públicos. Esto supone que solo 2.635 de los 30.084 estudiantes de otras nacionalidades estudian en las escuelas concertadas y privadas. Es lo que llaman una «exclusión dulce» o encubierta para seleccionar al alumnado. Se trata de niños que en muchas ocasiones no conocen el idioma o que proceden de sistemas de enseñanza muy diferentes y tardan un tiempo en adaptarse. Y eso, aunque es imprescindible para garantizar la integración de los menores, puede afectar a las medias en las estadísticas. Menos niños con necesidades de apoyo en los centros concertados y privados supone también una mejor atención. «No es lo mismo el apoyo que se da en un centro concertado con diez niños con dificultades de aprendizaje que cuando tienes a 80 escolarizados en uno público con distintas problemáticas», dice Fernández.

La federación malagueña de AMPAS (Fedapa) va más allá. «Las cuotas extra que piden los centros concertados por actividades extraescolares que se ponen en mitad del horario lectivo también es un tipo de selección encubierta, porque muchas familias se abstienen de escolarizar a los niños en centros que les corresponden por cercanía debido a que no pueden afrontar estos pagos», asegura su presidenta, Marisol Luque, quien señala que esta situación cambiará el próximo curso gracias al nuevo Decreto de Escolarización.

El nuevo decreto de Educación nace con la intención de regular el reparto de plazas para estos niños. Todos los centros mantenidos con dinero público estarán obligados a guardar un cupo no solo en el periodo de escolarización, sino en la matriculación, algo con lo que se jugaba antes para desestimar algunas solicitudes que llegaban a mitad de curso, según declaraciones de la federación andaluza de Padres y Madres de Alumnos (Codapa) publicadas por este periódico.

Falta de autonomía

Pero existen otras razones para explicar el salto de la educación privada. «El informe PISA habla de fomentar la autonomía de los centros educativos; probablemente, esa falta de autonomía es, junto al exceso de burocracia, lo que lastra a la educación pública», defiende Seco.

A pesar de todo, España es uno de los países con una educación más equitativa. No existen grandes diferencias entre comunidades, entre la pública y la privada o entre los niños que obtienen los mejores y los peores resultados. Una media que, sin embargo, no satisface a los agentes que intervienen en la enseñanza ni a los políticos. «Si este país quiere más calidad en la Educación pública, debe invertir en ella, no bastan los parches», señala Fernández. Un objetivo que, pese a las distintas políticas en esta materia, parece estar aún lejos.