Decenas de extranjeros jubilados en España han solicitado que se investigue una supuesta trama de estafa y fraude hipotecario contra la Hacienda Pública, en la que estarían presuntamente involucrados diez bancos internacionales.

El número de afectados por la conocida como “hipoteca inversa” alcanza los 800 en todo el país, aunque casi la mitad de ellos se concentra en la mediterránea Costa del Sol, lugar de residencia de muchos de los extranjeros jubilados que eligen España para vivir, explicó a Efe el letrado Antonio Flores.

El supuesto fraude habría sido iniciado en 2004 por diez bancos internacionales que desplegaron una “campaña de captación de recursos” en la Costa del Sol, indicó el letrado del despacho marbellí Lawbird, que atiende al menos a 25 denunciantes por este caso.

Dicha campaña se dirigía a extranjeros con viviendas sin hipoteca con “cierta capacidad económica” y “sin mucha liquidez”, a los que se les ofertaba el producto conocido como hipoteca inversa, un préstamo garantizado sobre vivienda habitual para mayores de 65 años o afectados de dependencia, ejecutable sólo tras el fallecimiento del prestatario.

Se trataría de una simulación fraudulenta donde se firman hipotecas en viviendas ya pagadas o sin hipotecar para ceder a los clientes prestamos que son llevados a “paraísos fiscales” con la excusa de que, si fallecían, el coste de su casa sería tan alto a efectos de impuestos de sucesiones que sus hijos nunca podrían heredarlas.

Flores explicó que para subsanar este problema, los bancos les ofrecían a estos pensionistas la posibilidad de tomar un préstamo con plazos de amortización “muy largos” sobre la vivienda para reducir su valor para que los descendientes pagaran “muchos menos impuestos” al morir éstos.

Una vez firmados, los afectados “recibían entre el 5 y el 10 por ciento de la cantidad prestada y el resto se invertía en el extranjero” para que con los intereses se pudieran pagar los costes de dicho préstamo y “les quedara un poco de dinero para sobrevivir”, según el abogado.

Ahora “han encontrado que tienen préstamos hipotecarios que no pueden pagar” porque pensaban que su banco respaldaba esa inversión y sin embargo ésta “se ha perdido” en Luxemburgo, en Suiza o en las islas del Canal de la Mancha.

Tras averiguar por diferentes medios que este sistema de crear un préstamo hipotecario ficticio podía ser ilegal, los pensionistas “están asustados”, a juicio del letrado, porque “posiblemente hayan cometido un delito”, y por ello “quieren denunciarlo”.

“Hay documentación suficiente para probar que se les invitaba abiertamente a contratar estos productos”, aseguró Flores, quien subrayó que corresponde a Hacienda investigar “si hay una especie de amnistía fiscal que no es tal”.

Lawbird presentó en noviembre de 2011 una querella, finalmente rechazada, ante la Audiencia Nacional española contra diez bancos internacionales entre los que se encuentran Danske Bank, Nordea Bank, Lex Life & Pension, Landsbanki, Jyske Bank, Finansbanken, Sydbank, N M Rothschild & Sons y Swiss Life.