El «caso Camas» ya tiene una posible conexión con el fondo de reptiles, la partida con la que se financiaron prejubilaciones falsas, empresas en quiebra y, según la juez Alaya, proyectos de amigos y afines al PSOE.

El PP-A acusó ayer a la Junta de utilizar el fondo de reptiles para «favorecer cambios de Gobierno» con mociones de censura. Según desveló, en marzo de 2004 llegó a la Delegación de Empleo, a nombre del ex delegado en Sevilla Antonio Rivas (en la foto), una «propuesta de colaboración profesional» para el «posible ejercicio de acciones penales» por parte de José María de los Santos, del bufete Garrigues (relacionado con los ERE). Aparte, en junio y septiembre de 2004 (8.120 euros en ambas) y en noviembre de 2005 (6960 euros) se remiten tres facturas por una querella por calumnias contra Francisco Gordo y Carmen Lobo, ediles que resultaron clave en la moción de censura en Camas.

El que fuera alcalde camero e imputado por el «caso Camas», Agustín Pavón, que siempre ha defendido que la causa fue una «trama trampa urdida por Rivas», indicó ayer que «el tiempo nos está dando la razón». «El fondo de reptiles fue un elemento más para formar la trampa.

Poco después, De los Santos retiró la denuncia. Se trató de una maniobra de Rivas para tener el control y ofrecerse de mediador a Gordo y Lobo hasta la moción de censura», explicó. Por su parte, Antonio Rivas aseguró a LA RAZÓN que pidió «un presupuesto» para un vecino de Camas pero «ni se atendió, autorizó ni pagó» como delegado y que si en algún momento se efectuó el abono él no tiene «ni idea». Según añadió, en Garrigues no tramitaron el cobro al ser «un error».