La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha imputado a Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un “entramado” de empresas “habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud” 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

En un auto dictado este mismo lunes, la juez Mercedes Alaya imputa también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, quienes “a través de un entramado de empresas” ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla “y valiéndose de sus contactos personales con la Junta” obtuvieron de la Consejería de Empleo ayudas por valor de 29.074.760,26 euros.

La propia Junta de Andalucía pidió a la juez el pasado mes de octubre –solicitud que fue reiterada en enero– que imputase a Angel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, a alguna de las cuales la Junta incluye en una “presunta trama de empresas vinculadas”, que ascenderían a 18 empresas, y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros, según informó en su día la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

Según explicó Moreno, el día 28 de octubre los servicios jurídicos de la Junta hicieron entrega en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de un informe sobre esa supuesta “trama de empresas vinculadas”, en el cual solicitaba además la imputación de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y Sayago Lozano, y los empresarios o miembros en consejos de administración de empresas Rafael Avila Mayo, Alfonso Seoane Yarza, Eduardo Lora Ruiz y José Enrique Contreras Sáenz de Tejada.