LG.- El clan gallego. Así se conocía hasta no hace mucho al grupo de políticos –y empresarios– que, bajo la batuta y la influencia directa de José Blanco, conformaban un entramado de influjo y poder, tendente a ocupar los hilos públicos y económicos en todo el territorio gallego. Ahí se acomodaban, entre otros, Emilio Pérez Touriño, secretario general del PSdeG y ex presidente de la Xunta; la diputada y ex portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, o Elena Espinosa.

En el ámbito empresarial, se movían en las tareas de despacho y adjudicaciones desde Carlos de la Peña, hombre de confianza en Galicia del ex titular de Fomento, ex alcalde de Baiona, y que en la actualidad compagina su participación en 16 empresas con un cargo de alto directivo en Adif, hasta algunos de los nombres que han aparecido referenciados en el caso Campeón: una especie de telaraña de sociedades e intereses particulares con el único objetivo de lograr ayudas públicas a cambio “de favores”, como declaró el empresario farmacéutico Dorribo hace unos días ante el Supremo.

Los rastros dejados en el camino han sido tan claros y las pruebas tan evidentes que no sólo la juez Estela San José en Lugo –instructora de la operación Campeón– se ufana en aclarar tanta esquina oscura en el panorama gallego. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo lleva ya algunos meses investigando una presunta trama de fraude fiscal mediante facturas falsas, que habría permitido a empresas del sector de la construcción defraudar unos 50 millones de euros en el IVA y el Impuesto de Sociedades. La juez ha imputado ya a 40 empresas, aunque el número puede seguir creciendo, entre las que se encuentran importantes adjudicatarias de obra pública, a la cabeza de las cuales se situaría Movex Vial, la constructora y promotora del Residencial Illa de Arousa –conocida como Villa PSOE– y beneficiaria de buena parte de las adjudicaciones de Fomento cuando José Blanco se encontraba al frente del ministerio.

El presidente de la compañía, Javier Carrera, amigo de Blanco y en la senda socialista gallega, comparecía hace unos meses ante la magistrada para aclarar su participación en la trama de fraude. Carrera, según confirma a LA GACETA una de las partes personadas en el caso, aseguró en un principio que todas las facturas emitidas por su compañía eran válidas, una afirmación que poco tiempo después invalidó al reconocer que, efectivamente, algunas de las obras se hacían sin la correspondiente factura. Corría el mes de noviembre del pasado año. El mismo día de la declaración, el responsable de Movex Vial depositaba en el juzgado 350.000 euros en concepto de fianza y para garantizar todo tipo de responsabilidades. Aun así, la imputación sigue en pie y podría depositar más dinero.

La decisión de Carrera, que en su círculo más cercano asegura que “ya está todo arreglado”, revela el temor a una investigación que ha salpicado ya a cerca de 250 compañías –entre las que se encuentran entidades bancarias– y cuyo epicentro es la carpintería Las Cinco Jotas, núcleo de un grupo familiar de empresas desde el que se emitían facturas falsas, por servicios no prestados, o que se cobraban varias veces por la misma obra.

Adjudicaciones

Hasta ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo se ha centrado en el trienio 2005 a 2007. Ayer mismo, según pudo averiguar este periódico, la magistrada comunicó a la Agencia Tributaria que comenzase a investigar los ejercicios fiscales de 2009 y 2010, en los que con toda seguridad, aseguran, se encontraran nuevos delitos y “aumentados”.

Durante el tiempo en que José Blanco fue titular de Fomento, Movex Vial consiguió adjudicaciones públicas del Ministerio y del Ayuntamiento de Vigo que, de forma individual o en UTE, ascendieron a más de 60 millones de euros. Sólo la partida proporcionada por Blanco superaba los 34 millones. El alcalde de Vigo, que en esos años era el socialista Abel Caballero, también encomendó a Carrera buena parte del Plan E ejecutado por el Ayuntamiento. Una maniobra que no sólo incorporaba tintes económicos sino que se ajustaba a las premisas políticas diseñadas en las “amenas” reuniones del clan.

Villa PSOE se convirtió, como quedó constancia en algunas de las querellas, en un entramado que utilizó a personas de responsabilidad para utilizar su jerarquía pública en fraude de ley, recalificando unos terrenos donde no se podía edificar y donde, además, se hicieron concesiones de suelo que antes eran patrimonio del ayuntamiento. La Xunta de Pérez Touriño y el ayuntamiento socialista de la isla de Arosa facilitaron la labor.

Entre los beneficiarios se encontraba Blanco, que llegó a adquirir un ático, “manifiestamente ilegal”, de 150 metros cuadrados a 20 metros del mar. Otros hombres fuertes del PSOE como Gaspar Zarrías, Jacinto Varela o Ventura Pérez Maiño también encontraron acomodo en la construcción de Cabodeiro. “Fueron el pago por haber colaborado en la adjudicación de obra pública a las empresas participantes”, confirman fuentes cercanas a la operación.

La conexión entre los dos casos

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se refirió ayer a la posible conexión entre el ‘caso Villa PSOE’ y la ‘operación Campeón’ al mencionar las maniobras pretéritas del alcalde de la isla de Arosa. “Manuel Vázquez tiembla porque teme que el fiscal vincule las dos operaciones”. “Este caso le va a costar su carrera política y algún problema judicial grave”, aseguró Durán, que no olvida aquellos años de irregularidades.