Si a un proceso selectivo para escoger a un Técnico en Administración General se presentan 129 licenciados, y sólo aprueba una persona, la situación despierta más de una duda. Si además esa única persona que consigue finalmente la plaza, ya trabajaba en la institución, las sospechas sobre filtraciones se perfilan bastante reales.

El problema en la Diputación de Granada es que esta situación no se dio en un único examen, sino se repitió de forma sistemática en la gran mayoría de las oposiciones celebradas en la institución provincial entre 2007 y 2010, cuando PSOE e IU ostentaban el poder. Los datos de la auditoría laboral que se hicieron públicos la semana pasada no dejan lugar a dudas: el anterior equipo de gobierno gestionaba los procesos de selección de manera que sus conocidos familiares y amigos se viesen favorecidos.

Casi 4.200 opositores optaron a alguna de las 45 plazas de convocatoria libre que publicó la Diputación durante esos 3 años. Sin embargo, los porcentajes de aprobados no dejaban mucho lugar a la esperanza: de las 952 personas que se examinaron para cubrir una de las 5 plazas de administrativo, sólo 31 aprobaron el primer examen, un 3 por ciento. En el segundo, sólo quedaron 5, que finalmente consiguieron la plaza tras un tercer examen. «Esto es increíble e imposible si no hay filtraciones», recalcó el portavoz del actual equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Granada, José Torrente, quien ha reorganizado el acceso a la función pública en la institución. A partir de ahora, los tribunales de las oposiciones serán «órganos independientes, sin cuotas de partidos ni de sindicatos». Además, el equipo de Gobierno que preside el popular Sebastián Pérez les propondrá que decidan las preguntas para los exámenes horas antes de la prueba, con el fin de evitar posibles filtraciones.

Otro caso curioso fue el de la oposición para cubrir un puesto de periodista en el Gabinete de Comunicación de la Diputación. De los 30 aspirantes, todos licenciados, sólo una superó los tres exámenes «curiosamente miembro del equipo de confianza del expresidente Antonio Martínez Caler». El delegado informó de que, además, «una de las preguntas del examen era sobre el significado del logotipo de la Diputación», una G de color rojo, diseñado por la persona que aprobó las oposiciones, y que, por tanto, era la única que conocía la respuesta.

Para las seis plazas de técnico superior de desarrollo, de cien aspirantes, solo siete superaron los tres ejercicios. Una de esas vacantes la ocupó el entonces director de esa área, cargo de confianza de Izquierda Unida. «Curiosamente para la plaza se requería titulación de Antropología, la única que esa persona podía aportar», aseguraba Torrente.

De los 85 aspirantes para ser agentes de igualdad, cuatro pasaron el primer ejercicio, y sólo 2 aprobaron los demás. Una de los aprobadas era subdirectora del área, mano derecha de la entonces vicepresidenta primera, del PSOE, responsable de Bienestar Social y otra, estaba contratada de forma eventual.

La plaza de técnico superior de deportes fue para el alcalde de Padul, Manuel Alarcón, entonces delegado de deportes, evaluado por sus subordinados. Este delegado, que consiguió su plaza fija de funcionario para la administración, es el mismo que, como ya publicó este periódico, «cobraba 4.300 euros al mes por trabajar 20 minutos».

En la convocatoria para la plaza de arquitecto, sólo dos personas de las 67 presentadas, superaron la primera prueba. La plaza la consiguió un interino de la institución, mientras que la otra persona que aprobó, y ocupó el primer puesto en la bolsa de empleo, era su mujer. La plaza de licenciado en Derecho la obtuvo una trabajadora temporal de la Diputación, casada con un ex alto cargo de la Junta, catedrático de la Universidad de Granada.

Ingeniero técnico de obras públicas, analista, delineante, comunicador audiovisual, … así hasta 30 procesos selectivos en los que se repiten los mismos parámetros: opositores que estudian, se preparaban sus exámenes, y amigos, familiares y conocidos del anterior equipo de Gobierno, PSOE e IU, que conseguían la plaza.

«Las pruebas no se llevaban a cabo como tiene que hacerse en una democracia»

El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, manifestó ayer que los resultados de la auditoría «confirman las dudas» que desde la oposición se tenían sobre la existencia de «claros casos de enchufismo» en la anterior corporación. «Este estudio viene a corroborar lo que habíamos denunciado, y lo que habían denunciado todos esos ciudadanos, opositores, que consideraban que habían sido maltratados por la institución. Los resultados de esa auditoría les dan la razón», aseguró Pérez.
El presidente de la institución y senador del Partido Popular asegura que los resultados dejan «claro y manifiesto que las cosas no se hacían bien». «Las pruebas se llevaban a cabo de manera opaca y no como tienen que hacerse en una democracia, que es con luz y taquígrafo», apuntó Pérez, para concluir que los procesos selectivos van a cambiar en la Diputación de Granada.

«Puedo garantizar que todas las irregularidades y anomalías que se han detectado en esa auditoría no se van a volver a detectar con esta Corporación», sentenció.