La vida pone a prueba a las personas en las circunstancias más difíciles. Cristina Ponce puede ser una madre más que se preocupa por la salud de su hija adolescente que sufre diabetes desde los 8 años, pero lo que ha hecho la ha puesto en boca de todos.

Los recortes a la investigación habían provocado el despido de más de un centenar de científicos del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF), entre las que se encontraba Silvia Sanz encargada de los estudios sobre esta enfermedad.

Cristina Ponce, rebautiza ya como madre mecenas, decidió que algo debía hacer y se puso manos a la obra. Consiguió implicar a ciudadanos comunes, empresas, ayuntamientos, y hasta al Valencia club de fútbol. Y así, por medio de donaciones, rifas y vendiendo camisetas obtuvo 7000 euros que pagarán el salario de Silvia Sanz, al menos hasta abril. La campaña se llama Proyecto Paula y puede seguirse por Internet.

Su ilusión es conseguir que la investigación continúe y sus resultados puedan ayudar su hija, “una esperanza a corto plazo” como ella misma define, aunque el beneficio podría alcanzar a mucha más gente, evidentemente. Resulta admirable su determinación y a la vez penoso que tenga que ser un particular con escasos recursos el que tenga que hacer el trabajo que corresponde a la administración pública.

El ERE del CIPF supuso la supresión de 114 puestos de trabajo, la suspensión de 14 líneas de investigación y la reducción de 4.4 millones de euros de presupuesto para un centro de investigaciones que tiene el 5º lugar en España y el 15º en todo el mundo en trabajos y publicaciones.

No nos engañemos, es el gobierno el que ha decidido reducir los costes en investigación y desarrollo, hoy por hoy la verdadera dimensión del progreso tecnológico de un país y un valor en sí mismo. Con esta actitud no solo se perjudica a la ciudadanía, verdadera beneficiaria de los avances científicos, sino que se hipoteca el futuro de España como nación avanzada en el mundo.