Sus paisanos de Llanos del Sotillo, una pedanía de Andújar (Jaén), lo apodaron el «ministro» tal vez sorprendidos por el frenético tren de vida que llevaba el chófer del supuesto «cerebro» de la trama de los ERE falsos, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Según cuenta ABC, Juan Francisco Trujillo Blanco, como se llama en realidad, llegó a tener hasta 17 cuentas corrientes a su nombre, vinculadas a su vez a un entramado de cinco sociedades en las que aparece como administrador o apoderado junto a otros empresarios, según un informe de la Agencia Tributaria de Jaén del 12 de diciembre pasado.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda investigó los movimientos bancarios del conductor de la Junta tras abrir una inspección en 2008 por un supuesto fraude fiscal que habría escamoteado a las arcas del Estado unos 215.000 euros por el impago del IVA e impuesto de sociedades correspondiente a las dos subvenciones de la Junta.

Casualmente, 16 de estas 17 cuentas bancarias fueron abiertas después de febrero de 2004, cuando Guerrero aprobó la concesión de dos ayudas de 450.000 euros cada una a sus dos empresas «fantasma» —Lógica Estratégica Empresarial SL e Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL—creadas «ad hoc» por él con el único fin de recibir dinero con cargo al «fondo de reptiles». En teoría, las ayudas de la Junta se iban a traducir en creación de empleo, pero no fue así. Parte del mismo se gastó en copas, antigüedades, ropa y cocaína que consumieron «a diario» él y su jefe, según relató Trujillo a la Policía y a dos juzgados de Andújar. En el mismo mes, el exdirector general y el responsable del Instituto de Fomento de Andalucía dieron 450.000 euros más a un socio suyo, el marido de la alcaldesa socialista de Llanos del Sotillo, Isidoro Ruiz Espigares, para una «granja de pollos» que nunca llegaron a montar.

Las cuentas de Trujillo estaban repartidas por varias entidades financieras y a finales del pasado año tenían poco saldo. Algunas incluso, como la que abrió en junio de 2004 en la Caja de San Fernando, se hallaban en números rojos, con un saldo negativo de 113,77 euros. Las subvenciones que salieron de la polémica partida de la Junta para rescatar a empresas en crisis, que investiga la juez Mercedes Alaya, se le abonaron en 2005, tal y como aparecen en los extractos de los movimientos bancarios que investigó la Agencia Tributaria. El dinero se esfumó en poco tiempo. Trujillo relató a la Policía el 15 de diciembre que con el dinero de la Junta se compró un piso en la céntrica calle San Luis de Sevilla, que al final retornó al banco por el impago de la hipoteca. Lo compensó con el «pelotazo» que dio con una finca de 11 hectáreas en el paraje Los Majuelos, de la serranía de Andújar, que adquirió por casi 70.000 euros y que vendió tres años después por 213.359 euros.

Además de las referidas empresas, el chófer aparece ligado a tres empresas más, Ave Nueva SL —la firma dedicada a la explotación agrícola que recibió más fondos—, Inverdosmar SL y Saphire Grupo Empresarial.

Críticas del PP

Por otro lado, el PP reiteró ayer en Málaga sus acusaciones contra el Gobierno andaluz y echó en cara a los dirigentes socialistas que «ni denunciaran, ni emprendieran acciones legales, ni pidieran la devolución de las subvenciones» en relación a la trama de los ERE a pesar de que habían sido alertados del fraude masivo.

La coordinadora adjunta de campaña del PP-A, Patricia Navarro, no dudó en hablar de «gobierno corrupto» a la hora de referirse al Ejecutivo porque «en su seno se estaba tejiendo una trama de corrupción» contra la que no actuó. «La Junta conocía que se estaban destinando fondos a dar ayudas ilegales», declaró a los medios la también senadora, quien puso como ejemplo las advertencias realizadas por Hacienda, y de las que ayer informó ABC, o las de los juzgados.

Patricia Navarro censuró las declaraciones de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, con las que «intenta nuevamente salvar de toda responsabilidad a José Antonio Griñán y dice que si hubiera tenido en su Gobierno a Guerrero no le hubiera durado ni un minuto». La dirigente popular no ocultó su sorpresa ante esta aseveración y recordó que «Francisco Javier Guerrero era director general de una Consejería al mismo tiempo que el actual presidente de la Junta era consejero de Economía y Hacienda y, por tanto, ya era parte de ese Gobierno».

Recio admite que «no sabe» por qué su Consejería no reclamó las ayudas falsas

El escándalo de las subvenciones fraudulentas de los ERE está retratando a los dirigentes andaluces. Si horas antes afirman que desconocían las irregularidades, después ofrecen otra versión. El consejero de Empleo, Manuel Recio, explicó ayer que su departamento abrió una investigación interna cuando la Agencia Tributaria alertó en 2008 de las irregularidades en las ayudas concedidas al chófer del exdirector general de Trabajo, pero reconoce que no le reclamó la devolución de las ayudas. Lo más llamativo es el máximo responsable de Empleo admitió que no sabe en qué terminó dicho expediente de reintegro. Esta aseveración desmontaría el discurso del desconocimiento en el que se ha enrocado el Gobierno andaluz, y que el PP también dejó ayer en evidencia.

La dirigente popular Patricia Navarro mostró un escrito del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el que informaba a un letrado de la Administración andaluza de presuntas irregularidades. Este juzgado citó el pasado 2 de agosto de 2011 al representante legal de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta para «ofrecimiento de acciones y requerimiento». Esta es la prueba «más evidente» de que la Junta tenía conocimiento del caso de los ERE, insistió Navarro.

También la Policía Judicial de Jaén constató en noviembre pasado que «por parte de la Junta no se ha realizado actividad alguna ni de tipo penal ni administrativo para la recuperación del dinero».

La dirigente popular también exigió ayer al consejero de Empleo y al Gobierno andaluz que presenten en sede parlamentaria la investigación interna que su departamento hizo sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) «y de la que Recio dice no saber cómo ha terminado».