Francisco Rubiales.- Los españoles tendrán la oportunidad de comprobar pronto si es verdad o mentira que “La Justicia es igual para todos”, como ha afirmado el rey Juan Carlos en su reciente discurso de Navidad. Hasta ahora, todo indica que esa frase es pura propaganda, pero tal vez las cosas cambien y los miles de políticos y poderosos que han desvalijado las cajas de ahorro, han corrompido las instituciones y se han enriquecido ilícitamente dejen de ser impunes y sean juzgados, como los ciudadanos exigen.

La gran diferencia entre España y otros países corruptos es que en España la corrupción no es una enfermedad contraída por la sociedad, sino un mal que ha nacido en la clase política y que ha sido propagado por los políticos y los poderosos. Han sido los políticos españoles los que se han abandonado la ética y la decencia, han dejado de ser ejemplares, se han podrido, han deteriorado profundamente el país, han traicionado la democracia y han prostituido la confianza que los ciudadanos habían depositado en ellos como conductores de la nación. Ni siquiera han podido contaminar plenamente la sociedad española, que es mucho menos corrupta e indecente que sus clases dirigentes.

Esta España del presente, internacionalmente desprestigiada, económicamente hundida, políticamente corrompida y éticamente desnuda, es una obra exclusiva de la clase política y de algunos poderosos, sin que el pueblo haya tenido culpa alguna. El deterioro de la España del caso “Campeón”, de los EREs trucados en Andalucía, del Instituto Noos del yerno del rey, de la SGAE depredadora y de las cajas de ahorros esquilmadas, también por políticos, es tan espantoso que es mas urgente recuperar la decencia que reactivar la economía. Es más, sin limpiar España de canallas y sinvergüenzas, nunca será posible la resurrección.

Los escándalos de corrupción están arrasando España y provocando una insoportable lluvia de vergüenza y desconcierto en sus ciudadanos, que no comprenden cómo y por qué sus dirigentes han caído tan bajo. Los últimos casos que ocupan las portadas de los medios de comunicación son la Operación Campeón y el del Instituto Nóos, mientras se van conociendo detalles espeluznantes de la auditoría externa de la SGAE, que confirman la corrupción de esa institución, aliada y protegida del poder socialista, hasta convertirse en el lucrativo negocio de sus dirigentes, con la complicidad de los poderes públicos.

La corrupción desciende de las alturas e impregna a la sociedad española con su infección viscosa, lo que agrava la crisis económica salvaje y estrecha las puertas que conducen a la regeneración. La corrupción, obra casi exclusiva de la clase política, especialmente de los que, desde el gobierno, han sido cómplices o han avivado su fuego destructor, sin que ni uno sólo de los miembros del poder pueda reclamar su limpieza ante el pueblo porque el que no ha participado ha sido cómplice y coparticipe con su silencio y cobardía, por no haber nunca denunciado la podredumbre que le rodeaba y en la que participaban muchos de sus correligionarios y compañeros de partido.

Esa corrupción política deslegitima a los gobernantes y les resta la fuerza moral y el liderazgo que España necesita para salir de la crisis. Cuando los canallas que han emponzoñado España imponen restricciones y recortes, algunos de los cuales afectarán dramáticamente a las pensiones, sueldos, sanidad, educación y otros servicios sociales básicos, no tienen fuerza ética para lograr que los ciudadanos les sigan. Para colmo de males, los que imponen los recortes siguen disfrutando de privilegios y de una riqueza que no merecen y que el pueblo considera ya un robo. Los corruptos, desprestigiados y odiados, no pueden exigirle al pueblo sacrificios voluntarios y tendrán que imponerlos por la fuerza. Los ciudadanos tendrán siempre el derecho a despreciarlos y a recriminarles que las desgracias actuales han sido provocadas por ellos mismos.

Los escándalos se reproducen por todas partes, desde la administración local a las más altas instituciones del Estado. El ex ministro de Fomento y ex portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco está siendo investigado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho en la Operación Campeón. La Fiscalía ha pedido al Supremo que se abra procedimiento contra quien fue durante todos estos años el ‘número dos’ y verdadero factotum del PSOE, el partido en el Gobierno.

Paralelamente, otro escándalo golpea de lleno a la Casa Real. Las corruptelas y presuntos delitos del Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, El duque de Palma obtenía esos contratos de interlocutores políticos de un partido y de otro, sin que importara el color político de los interlocutores, una evidencia de que la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, sino de una clase política que merece ser expulsada del poder en masa.

La corrupción en España no es, como algunos afirman, una concatenación de casos aislados, sino toda una epidemia nacional alimentada desde los cuarteles del poder y los sectores más poderosos, como si hubieran querido esquilmar la sociedad y exprimirla hasta destruirla.

La corrupción en España ha sido y es una conspiración de los poderosos contra el pueblo y el bien común, un ataque sistemático al interés general y a la decencia con focos y metástasis en las administraciones públicas, los partidos políticos, Cataluña, Andalucía, Valencia, la Casa Real y otros muchos espacios de la vida española. Es así como debe ser enfocada y juzgada con todo rigor por la Justicia, la única instancia del Estado que tiene poder y recursos para emplear la escoba, el látigo y los barrotes que España necesita para resurgir.