Cuando saltó el escándalo del “comisionista” Iván Chaves Iborra, su padre, Manuel Chaves, vicepresidente tercero del gobierno de la Nación, afirmó que a su hijo le habían robado los documentos de su despacho. Ahora sabemos que Iván Chaves, según la Policía que investigaba el caso, podría haber interpuesto una denuncia falsa para tapar el contenido de los documentos que demostraban cuál era su actividad real y sus relaciones con la Junta de Andalucía.

Tras la llamada del periodista Melchor Miralles, que ya tenía en su poder los documentos, los Chaves, deduce la Policía, encontraron como salida una denuncia de robo de documentos para hacer frente a la situación. La ex esposa de Iván Chaves, Rocío Cabet del Castillo, ha negado que tuviera nada que ver con el hecho de que los documentos salieran a la luz. Recuérdese que el Comisario que llevaba esta investigación fue destituido fulminantemente cuando la investigación empezó a molestar a los Chaves.

El Mundo cuenta hoy que esa es una de las conclusiones a las que llegaron los policías del grupo de Blanqueo de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla tras investigar el supuesto robo de los contratos que vinculan a Chaves Iborra con contratistas de la Administración andaluza y que éste denunció el pasado 8 de marzo tras conocer que se habían filtrado a la prensa.

Según consta en el atestado elaborado por el grupo V de Blanqueo con número 1444/11, remitido al Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla, el hijo del número tres del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sufrió ningún robo en sus oficinas y siempre tuvo en su poder los contratos que aseguró que le habían sido sustraídos.

Al parecer uy a juicio de los investigadores, no era más que un intento de «invalidar » la información que se publicó aquellos días sobre la trama de comisiones montada por Iván Chaves a la sombra de su padre.

“En este caso la denuncia presentada por el declarante tendría el sentido de invalidar la información publicada, por haber sido obtenida por medio ilícitos», está escrito en el informe. O, en otras palabras, intentar que los documentos, al haber sido supuestamente robados, no pudiesen ser usados en un proceso contra él mismo.

De ser cierto, Iván Chaves habría incurrido en “denuncia falsa”, delito recogido en el artículo 457 del Código Penal, que contempla penas de hasta doce meses de multa para el que «simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente».

Recuérdese que Iván Chaves cobró comisiones por contratos con la Junta de Andalucía cuando su padre la presidía a través de una serie de sociedades y testaferros. La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves por casi 6 millones. Una empresa de un socio de Iván Chaves consiguió 19 convenios de publicidad con 8 consejerías logrando contratos por 5,9 millones. La empresa Mediasur fue contratada para realizar al menos 19 campañas de publicidad para ocho consejerías de la Junta de Andalucia. Esta empresa tiene como director general a Rafael Sánchez-Zaragoza Iribarnegaray, que fue socio fundador de la empresa Exiden Participaciones Industriales junto a Iván Chaves. Todo coincidencias.

Pero su problema es que ya varios testigos, en la misma investigación policial, un socio y una antigua empleada, han vinculado a Iván Chaves con la administración de la Junta. Son estas declaraciones las que han fundamentado la conclusión policial de que denuncia de Iván Chaves podría ser falsa.

Uno de los testigos, Julio Moreno Valseca, dijo “que Iván Chaves tiene los contratos originales y que se han realizado fotocopias de los mismos con la intención de hacerlos públicos». Además, el propio Iván Chaves di una detallada descripción de los papeles que denunció que le habían robado de su despacho, «con cita de intervinientes y fechas exactas », a pesar de que no podía tenerlos en su poder debido al robo. Enumeró hasta cuatro contratos «originales» que habían desaparecido así como cinco copias de otros tantos documentos mercantiles.

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