Mercedes Benítez/ABC.- Raro es el día que no aparece en la prensa una noticia relacionada con el caso de los ERE, la investigación que lleva a cabo la juez de instrucción numero seis de Sevilla y que tiene contra las cuerdas al Ejecutivo andaluz con su presidente, José Antonio Griñán a la cabeza. Sin embargo el de los ERE no es el único caso de corrupción que afecta a instituciones públicas.

Desde que estallara la operación Malaya hasta que la juez Alaya se hiciera cargo de la investigación de los ERE han pasado varios años. Y un puñado de escándalos salpican a menudo a los políticos y tienen a la Fiscalía Anticorrupción haciendo horas extra. Tal y como señaló hace algunos meses el propio fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, hay una corrupción «si precedentes» en Andalucía que parece extenderse más allá del urbanismo y evolucionar hacia otras actitudes mas sofisticadas. He aquí una lista de los casos más llamativos. No están todos los que son pero son todos los que están.

Operación Malaya

Sin duda la madre de todas las corrupciones, al menos cuando surgió, fue el caso que sentó en el banquillo a casi todo el Ayuntamiento de Marbella y obligó a dejarlo en manos de una gestora hasta que se celebraron las elecciones. El juicio lleva más de un año celebrándose en la Audiencia de Málaga y se convirtió en el mayor escándalo de corrupción urbanística conocido. 95 acusados en el banquillo, entre ellos dos ex alcaldes de Marbella (Julián Muñoz y Marisol o Yagüe) y el cerebro de la operación Juan Antonio Roca responden por las acusaciones de aceptar supuestos sobornos y enriquecerse ilícitamente a cambio de licencias urbanísticas.

Astapa

En junio de 2008 eran detenidos el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, por una operación que consistía en recalificar terrenos y venderlos por precios más bajos de los establecidos en el mercado. El caso, por el que hay un centenar de imputados y que aún no ha culminado la instrucción, llevó a prisión al alcalde socialista junto con otros tres concejales tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo curioso de esa investigación es que surgió después de la denuncia de dos concejales socialistas y, por tanto, compañeros de partido del alcalde al que delataron.

Ronda

Uno de los escándalos más recientes es el que se produjo a finales del pasado septiembre cuando era detenido el ex alcalde socialista de Ronda, Antonio Marín, junto a otros tres ediles del PSOE. Era el resultado de una operación que investiga supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción para investigar varios convenios urbanísticos que pudieron perjudicar los intereses municipales. Uno de esos convenios investigados era el proyecto de una gran superficie..

Jerez

El antiguo alcalde jerezano Pedro Pacheco tampoco se ha librado de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción que ha llegado a pedir 24 años de prisión y 31 de inhabilitación por nueve delitos relacionados con la contratación de antiguos asesores cuando Pacheco era delegado de Urbanismo del Ayuntamiento. El Ministerio Público inició en este caso las actuaciones tras una denuncia de la que también fuera alcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez.

Fraude en los colegios

El escándalo no sólo fue sonoro sino que afectó al dinero público previsto para obras en los colegios. Ocurrió en Cádiz donde un juzgado investiga el destino de 3,6 millones de euros de la empresa pública Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) que debían ser destinados a obras en colegios que nunca se hicieron y a material escolar que nunca llegó. La Fiscalía de Cádiz denunció por ello a once personas, entre ellas el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas y el caso está en manos del juzgado de instrucción número 2 de Cádiz.

Mercasevilla

Fue el primero de los casos que asumió la juez Mercedes Alaya cuando aún era una desconocida y que ahora está en la Audiencia Provincial de Sevilla para ser juzgado por un jurado a falta de que se resuelvan un puñado de recursos presentados por las defensas. El escándalo se inició cuando los dueños del restaurante denunciaron que directivos de Mercasevilla le pidieron una comisión de 450.000 euros a cambio de la concesión de la escuela de hostelería en Mercasevilla.La importancia de ese caso es mayor aún porque de él se derivaron varias ramificaciones como Sando (por una adjudicación irregular de suelo) y los ERE.

ERE fraudulentos

Sin duda el escándalo que tiene contra las cuerdas al Ejecutivo andaluz y en el que la instructora está señalando la gestión de toda la Junta de Andalucía y en especial de su presidente, José Antonio Griñán. La investigación se centra en averiguar el destino que se dio a la partida 31-L de 647 millones que el ex director de Trabajo bautizó como «fondo de reptiles». En este caso esos fondos fueron usados además de para ayudar a empresas en crisis para introducir en ERE a personas que no habían trabajado nunca, los llamados intrusos. La Fiscalía anticorrupción ya ha pedido fianzas millonarias para 14 de esos intrusos. El caso además de a un ex director general también ha provocado la imputación del que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández.

Fraude en ayudas de la UE

En este caso las diligencias de investigación fuero abiertas por la Fiscalía de Sevilla antes las posibles irregularidades graves y fraude cometidos en la gestión de las ayudas europeas al empleo en la comunidad autónoma de Andalucía, y en este caso concreto en la provincia de Sevilla. El presunto fraude, que fue cuantificado en casi 27 millones de euros, se producía cuando empresas particulares recibían subvenciones procedentes de la UE por la creación de puestos de trabajo pero estos puestos no se mantenían con posterioridad. Como el caso anterior afecta a la Consejería de Empleo.

Subvenciones al empleo

La tercera pata investigada en la Consejería de Empleo también es investigada por la Fiscalía de Delitos Económico. Se trata de un fraude en las ayudas para la creación y mantenimiento del empleo otorgadas por la Junta de Andalucía. En este caso fue el Gobierno andaluz el que envió la documentación a la Fiscalía tras descubrir los hechos. Todas las subvenciones supuestamente fraudulentas son por montantes superiores a los 120.000 euros cada una.

Cursos de formación

Fue denunciado por el Partido Popular, según el cual existía otra trama para dar subvenciones, procedentes de fondos europeos y transferencias internas, para cursos de formación a familiares y excargos del PSOE. El reparto de estas ayudas sirvió para que afines al mismo partido montaran lucrativos negocios con dinero para reciclar a desempleados.

Los casos
Decir hoy su nombre es algo así como nombrar el icono de la corrupción urbanística. El que fuera responsable de Urbanismo de Marbella está sentado en el banquillo en Málaga como principal acusado de la causa por haber construido todo un entramado de empresas fantasma para blanquear hasta 240 millones de euros.

OPERACIÓN MALAYA: Juan Antonio Roca

CASO ERE: Antonio Fernández

De momento es el único imputado del primer escalón de la pirámide que señaló la juez. El ex consejero de Empleo de la Junta ha sido imputado de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Figura como prejubilado en un ERE de González-Byass autorizado por un subordinado suyo cuando era consejero.