Persignarse en la calle o en los espacios públicos habría constituido un delito de haber salido adelante la ley de Libertad Religiosa que preparó el Gobierno. El borrador del texto legal que manejó el Ejecutivo establecía que las expresiones religiosas, entre ellas la persignación, deberían quedar aparcadas al ámbito de lo privado. Se desconoce de qué forma habría afectado la aplicación de la fracasada ley a la vigencia de un sencillo gesto ampliamente arraigado en la población española.

Se trata de un sencillo gesto que consiste en dibujar una cruz imaginaria con la punta de dos o tres dedos de una mano. El acto es conocido como “persignar”, si se hace sobre una persona, y “bendecir”, si es sobre una cosa o en una dirección vaga. Cuando la acción corresponde a un ritual o gesto espontaneo destinado a sanar la enfermedad o conjurar los problemas de un tercero se le llama “santiguar”. Se emplea lo mismo para expresar nuestra conmiseración ante alguna desgracia o  incluso para apelar a la intercesión divina para que nos dé suerte.

Aunque la persignación no se halla en la Biblia, fue adoptada por los católicos como contraseña utilizada en el primer siglo de nuestra era. Sobrevivió a los grandes monstruos paganos de la época y a punto ha estado de no hacerlo con José Luis Rodríguez Zapatero. 

La citada ley pretendía hacer de la laicidad el eje central del Estado. Las consecuencias concretas de la laicidad están fijadas en algunos de sus artículos. Así, el texto prohibía los símbolos religiosos en determinados lugares: “En los establecimientos públicos no se exhibirán símbolos religiosos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes”. Es decir, no habrían crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios.

El Ministerio de Justicia estima, de todas formas, que un 80% de los símbolos carentes de valor artístico han sido ya suprimidos de los edificios públicos.

Las autoridades tendrían también sus propias limitaciones. Si acuden a “actos estrictamente religiosos”, deberían hacerlo “de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación”, prosigue el texto. Es decir, que no solo deberán atender las invitaciones de la Iglesia católica y participar, por ejemplo, en procesiones, sino que también deberán acudir a actos de las demás confesiones como ya sucede, por ejemplo, en Ceuta con la Musala (rezo colectivo con el que finaliza el Ramadán), al que asisten el alcalde y el delegado del Gobierno. La mitad de la población de la ciudad es musulmana.

La presencia de funcionarios en actos religiosos está regulada de forma distinta a la de las autoridades. El texto establece que será siempre “voluntaria”. El nuevo reglamento de honores militares se anticipó sin embargo a la ley. Aprobado el 19 de mayo, estipula que cuando Defensa autorice a escoltas o piquetes a asistir a celebraciones religiosas, la participación de los militares “tendrá carácter voluntario” y no tendrán que rendir honores al Santísimo, a la Virgen ni a los santos patronos.

La comisión que redactó el anteproyecto no decidió en cambio la regulación o no en la ley de los símbolos religiosos musulmanes, tales como el hiyab (pañuelo islámico). “Es uno los asuntos que se siguen debatiendo”, indicaron fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sí era favorable a autorizar el velo islámico. La ley “deberá aplicar “el sentido común y la tolerancia”, señaló.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega presidió la comisión encargada de redactar la ley, de la que también fue miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, José María Contreras. Este catedrático consultó previamente algunos aspectos de la ley con las confesiones religiosas reunidas en un foro informal.

El PP se opuso de antemano a la nueva ley por dos razones. La primera es de oportunidad. “No es el momento por necesidad social, prioridad ni por reconocer un nuevo derecho”, declaró el diputado Santiago Cervera en el Congreso. Además, se lamentó, la ley “intervendrá aspectos no sustantivos, pero sí simbólicos” equiparables a “tradiciones y convenciones” de España.

La Iglesia católica tampoco está de acuerdo. El Papa Benedicto XVI trasladó al presidente José Luís Rodríguez Zapatero sus reticencias ante la iniciativa legislativa.