Fianzas millonarias en la trama de los ERE. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya –que investiga las supuestas prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía– ha dictado un auto en el que, a instancias de la Fiscalía, impone fianzas a los 16 imputados que ya han declarado en el juzgado suman un total de 4.797.561 euros. A todos les advierte de que, si no las abonan antes de diez días, ordenará el embargo de bienes para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias.

Anticorrupción solicitó la medida al entender que los imputados obtuvieron «un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas», aunque la juez sólo la ha acordado en relación a quienes ya han prestado declaración judicial.

En un auto dictado el pasado día 30 de noviembre y notificado ayer a las partes, la magistrada argumenta que «resulta evidente que las medidas cautelares que se adopten tienen una decidida finalidad: la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta y con la intermediación de muy distintos personajes que tienen encaje en diversas categorías –empresarios, sindicalistas, entidades de asesoramiento, aseguradoras–, y todo ello para favorecer a amigos, familiares y, en definitiva, círculos próximos del PSOE».

«Conocimiento de su ilicitud»

Asevera que, salvo en el caso de la dueña del restaurante Río Grande, «es claro» que los otros 15 imputados «son meros perceptores de esas ayudas ilegítimas, que las reciben como beneficiarios de las pólizas, presuntamente con pleno conocimiento de su ilicitud», de manera que «las medidas destinadas a los mismos sólo irán dirigidas a la devolución de esas ayudas». La fianza más alta, de casi dos millones de euros, se ha impuesto a Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande, una de las empresas que supuestamente se habría beneficiado de las prejubilaciones fraudulentas.

Pero, además, la jueza ha dado a la Junta un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda –fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán–relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno «a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31», partida conocida como «fondo de reptiles».