Salvador Millà era conseller en el 2004.

Una quincena de trabajadores de la Agencia Catalana de la Vivienda -antes Adigsa- han visto como el juez desacredita la versión que dieron para denunciar su despido. Según afirman, el Govern los echó por “razones ideológicas”, en concreto por ser “simpatizantes o afines a ICV-EUiA”, la sucursal catalana de Izquierda Unida.

Sin embargo, y según pública El País, el juez en la sentencia afirma que no hay pruebas de que los despidos se produjeran por causas ideológicas, pero sí “de que fueron en su día contratados por ello”. El grupo entró a trabajar en la Agencia Catalana de la Vivienda a partir de 2004 (cuando todavía era Adigsa), coincidiendo con la llegada al poder del Gobierno tripartito

“Sorprende a este juzgador la proliferación de directivos en Adigsa vinculados a ICV-EUiA, que tampoco es una formación política mayoritaria (la cuarta o quinta de Cataluña), con salarios especialmente elevados, prácticamente desconocidos entre el funcionariado, incluso con tareas públicas más relevantes”, razona el juez

Pese a esto, puesto que fueron despedidos en el marco de las primeras medidas de austeridad del Gobierno de CiU y justificados por razones económicas, el juez rechaza que la Administración despida por estos motivos. Las dos sentencias obligan a la Agencia Catalana de la Vivienda a readmitirles o a pagar a los afectados 45 días por año trabajado, más del doble de los 20 días que les pagaron por despido objetivo.

El juez comprende “el afán de reducir los gastos de personal como importante partida de los gastos públicos, con el objetivo de reducir el déficit de la Generalitat”. “Pero la mencionada instrucción es insoportablemente abstracta y genérica”, subraya.

El magistrado tacha de “disparate” que las empresas públicas reduzcan personal con un criterio lineal y añade que la agencia tampoco aporta “suficiente soporte probatorio” su situación económica.