El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aparecen citados como colaboradores con los que contactó EEUU para conseguir archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses, según la información de los cables de la Administración estadounidense filtrados a Wikileaks.

Según El País, EEUU maniobró en la Audiencia Nacional a través de su Embajada en Madrid, llegando a “utilizar” a fiscales y altos cargos españoles. De esta forma, cita una frase textual de Eduardo Aguirre, embajador estadounidense en España durante la etapa del presidente George W. Bush. El jefe de la legación llegó a advertir al Gobierno: “Se me está acabando la paciencia”.

Concretamente, cita la utilización de fiscales y altos cargos españoles, entre ellos Conde-Pumpido y Javier Zaragoza, para interferir en las investigaciones abiertas por el ‘caso Couso’, los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo. Estas personalidades “o bien aportaron a la embajada información precisa sobre la instrucción judicial o bien favorecieron el archivo de los casos”.

Una de las conversaciones registradas posteriormente en un cable -el informe “confidencial” del 19 de julio de 2007- recoge que Conde-Pumpido transmitió al embajador Aguirre que él quería archivar el ‘caso Couso’. En este sentido, el diario asegura que ayer lunes, antes de la publicación de esta información, el fiscal general del Estado explicó a este diario que “a veces traslada información a EEUU, pero que siempre son datos públicos facilitados a petición de la embajada”.

85.000 dólares por cada preso de Guántanamo

Por otro lado, EEUU fue “claro y contundente” en su petición al Gobierno español para que acogiera a los cinco presos de Guantánamo que España se había comprometido a recibir, según los informes del Departamento de Estado estadounidense destapados por Wikileaks.
Ante la tardanza del Ejecutivo español en acoger a los presos, en diciembre de 2009 en una reunión en Washington entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, aquel le dijo, según uno de los telegramas de Wikileaks, de forma “resignada y apagada” que Rodríguez Zapatero cumpliría lo acordado. Tras esta conversación, en enero de 2010 el embajador estadounidense en Madrid, Alan D. Solomont, se entrevistó entre otros con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien le dijo que quería ser “claro y contundente” y que esperaba que el gobierno español cumpliera sus compromisos respecto a los presos.

Asimismo, Solomont le comentó que sería una “importante oportunidad” para que España mostrara que era un país con liderazgo en la Unión Europea, según un cable confidencial del 19 de enero. Tres días después Solomont se reunió con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le aseguró que hablaría con Pérez Rubalcaba para que el Ejecutivo se expresara con una sola voz.

Tras estas conversaciones los presos comenzaron a llegar a España, el primero de ellos, el palestino Walid Hijazi, aterrizó en la base aérea de Torrejón (Madrid) el 24 de febrero. Según cuenta El País en reuniones previas a las citadas anteriormente, EEUU fijó en 85.000 dólares la cantidad que España recibiría por preso “para sufragar los gastos”.

Trinidad Jiménez lo niega

La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha negado que la Fiscalía del Estado o el Gobierno sufrieran presiones de Estados Unidos para obstaculizar procesos judiciales o que España recibiera dinero para acoger presos de Guantánamo, como afirman algunos documentos filtrados por Wikileaks.