El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha acordado “abstenerse del conocimiento” de las actuaciones elevadas al Tribunal Supremo respecto de la denominada Operación Campeón dada la relación de amistad que mantiene con el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno José Blanco. Así lo ha expuesto el propio Conde-Pumpido en el Consejo Fiscal que se celebró este martes, donde ha dado cuenta de un decreto en el que justifica su abstención y señala que, en lo sucesivo, “el ejercicio de todas las funciones” que le podrían resultar atribuibles en esta causa corresponderán al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo.

Conde-Pumpido justifica su decisión en lo señalado en dos artículos (17 y 28) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; del artículo 97 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece como causa de abstención la “amistad o enemistad manifiesta” con cualquiera de las partes de un procedimiento.

La decisión se ha tomado, según reza el propio decreto, tras ponerse en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal jefe de Lugo, del auto dictado por la juez de Instrucción número 3 de esta localidad, Estela San José, por el que se elevó al Tribunal Supremo “una exposición razonada en la que se solicita la asunción por dicho Tribunal de la instrucción de las actuaciones respecto” de José Blanco.

La citada exposición motivada, que llegó al Supremo el pasado 3 de noviembre, señalaría la existencia de indicios de tráfico de influencias y de cohecho contra el ministro, según fuentes jurídicas. Este escrito aún no ha sido tramitado ni remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo para informe. El decreto de Conde-Pumpido ha sido notificado tanto a Martín-Casallo como al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra.

Corrupción en el Igape

En el marco de la ‘Operación Campeón’ sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos actualmente en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

La jueza instructora ha ampliado el secreto de sumario de la ‘Operación Campeón’ hasta mediados de noviembre, cuando decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.

Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.

Trato de favor

Según publicó el diario ‘El Mundo’, en esta declaración Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ya exdiputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG).

Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. El mismo diario ha informado de que la exposición razonada remitida por la juez San José al Tribunal Supremo señalaría la existencia de SMS que evidenciarían un supuesto trato de favor del ministro al propietario de la empresa Azkar en el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).