El voto útil como mordaza: por qué SALF tiene derecho a existir políticamente
VR.- Resulta paradójico que quienes se llenan la boca hablando de pluralismo, libertad y participación ciudadana son, con frecuencia, los primeros en levantar el dedo acusador cuando aparece una formación política que no encaja en sus cálculos electorales. Entonces, de repente, la pluralidad deja de ser una virtud y se convierte en un problema, la libertad de elección pasa a ser una irresponsabilidad y el ciudadano que quiere votar a una opción diferente es tratado como si estuviera cometiendo una especie de pecado político.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez. A su electorado no solo se le demoniza, se le advierte, se le reprende y se le intenta convencer de que su voto es un voto perdido, sino que se le invoca constantemente el fantasma del voto útil, como si la única función del ciudadano en una democracia fuera contribuir a que los partidos establecidos alcancen sus objetivos parlamentarios.
Conviene recordar algo tan elemental como que los votos pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos, y que ningún partido tiene derecho a reclamar para sí, por razones de conveniencia electoral, los votos de quienes no se sienten representados por él.
La democracia no es un monopolio de los partidos tradicionales. Todos los partidos que concurren legalmente a unas elecciones tienen derecho a presentar su oferta electoral. Todos. También aquellos que incomodan, que cuestionan el sistema o que se apartan de las coordenadas políticas habituales.
El derecho a concurrir a unas elecciones no puede depender de que una formación resulte conveniente para el PP, para Vox o para cualquier otra fuerza política, ni tampoco puede depender de que sus propuestas sean consideradas razonables por los adversarios. La democracia que esos partidos tanto defienden no consiste en que los partidos mayoritarios decidan qué opciones son suficientemente aceptables para que los ciudadanos puedan votarlas. Consiste, precisamente, en que los ciudadanos puedan elegir entre ofertas distintas, incluso radicalmente distintas.
SALF no es simplemente otro partido de la derecha ni tampoco una versión reducida del Partido Popular ni una copia de Vox con otro nombre. El partido que lidera Alvise se presenta como una formación antisistema, una fuerza que cuestiona de manera frontal el funcionamiento de las estructuras políticas tradicionales. PP y Vox, por el contrario, son partidos integrados en el sistema institucional, con representación parlamentaria, trayectoria política y aspiraciones de gobierno dentro de ese marco.
La diferencia no es menor. SALF plantea cuestiones drásticas, rupturistas y de confrontación con el sistema político que no forman parte, con la misma intensidad ni desde la misma perspectiva, de la oferta electoral del resto de partidos.
Por eso es perfectamente lógico que su propuesta sea singularizada. Si una formación ofrece algo que las demás no ofrecen, no puede exigírsele que se diluya dentro de las propuestas de aquellas. Así mismo, si un ciudadano considera que los partidos tradicionales no han respondido a sus demandas, resulta absurdo pretender que renuncie a una opción que precisamente nace de esa insatisfacción.
La singularidad de SALF no es un defecto democrático y sí la razón de su existencia política. Esa singularidad, por supuesto, puede ser discutida, criticada y cuestionada. También sus propuestas pueden ser sometidas al escrutinio público y su líder objeto de debate. Sus planteamientos pueden parecer excesivos, equivocados o incluso inaceptables para muchos ciudadanos, pero una cosa es combatir políticamente una oferta electoral y otra muy distinta pretender que no debería existir porque perjudica las expectativas de otras candidaturas.
La democracia no garantiza que todas las opciones sean acertadas. La democracia garantiza que puedan competir y que sea el ciudadano quien decida.
El segundo gran error, y probablemente el más interesado, consiste en presentar el voto a SALF como un voto que necesariamente se resta sobre todo a Vox. Esta interpretación parte de una premisa discutible: que todos los ciudadanos que votan a SALF habrían votado, en ausencia de esa candidatura, a uno de los dos partidos tradicionales de la derecha. La razón: se da por hecho que un ciudadano desencantado con el sistema, que desconfía de los partidos convencionales y que no se siente representado por ellos, habría acudido necesariamente a votar al PP o a Vox? ¿Acaso no existe la abstención? ¿Acaso no hay millones de ciudadanos que llevan años alejados de las urnas, precisamente porque consideran que ninguna de las opciones disponibles responde a sus expectativas?
El voto de protesta no nace siempre de una transferencia entre partidos. Muchas veces nace de la abstención y muchas veces la aparición de una candidatura nueva es lo que consigue que un ciudadano que había renunciado a participar vuelva a hacerlo.
La irrupción de Sals en las elecciones europeas de 2024, con más de 800.000 votos, fue interpretada por numerosos analistas como una expresión del hartazgo político y de la desafección con las estructuras tradicionales. Algunos análisis señalaron expresamente su capacidad para movilizar a electores abstencionistas y a ciudadanos que no se sentían representados por los partidos existentes. Eso no significa que SALF no capte votos de Vox o del PP. Sería ingenuo negarlo. Una parte de su electorado procede de esas formaciones y otra puede proceder de ciudadanos que anteriormente votaban a otras opciones, pero de ahí a afirmar que todo voto a SALF es un voto que se le quita a Vox o al PP hay un salto argumental que no se sostiene.
La abstención no es un depósito de votos propiedad de los partidos tradicionales. Se trata de un espacio de ciudadanos que no participan, y si una candidatura consigue movilizarlos, no está necesariamente fragmentando un electorado ya existente: puede estar ampliando la participación política.
El voto útil tiene una lógica electoral comprensible. En determinadas circunstancias, un ciudadano puede preferir votar a una candidatura con posibilidades de obtener representación antes que a otra que considera más cercana a sus ideas, pero con menos opciones de conseguir escaños. Lo que resulta cuestionable es convertir esa estrategia en una obligación moral. Cuando se le dice al potencial votante de SALF que su voto es inútil, que favorece al adversario o que debe renunciar a sus convicciones para no perjudicar a otro partido, se está trasladando al ciudadano la responsabilidad de resolver los problemas de las organizaciones políticas.
Si Vox considera que Alvise les disputa espacio electoral, tienen una solución perfectamente democrática: convencer a esos ciudadanos y explicar por qué sus propuestas son mejores. Tienen que demostrar que pueden responder a las demandas de quienes se sienten defraudados. Lo que no pueden hacer es exigir que esos electores renuncien a una opción política porque su existencia complica las cuentas de sus dirigentes. El voto útil, cuando se utiliza como argumento de persuasión, forma parte del juego democrático, pero cuando se convierte en una campaña de intimidación contra quienes desean votar a otra candidatura, deja de ser una simple estrategia electoral y se transforma en una forma de presión sobre la libertad del elector.
No hay democracia sin el derecho a incomodar
SALF puede gustar o disgustar, demostrar que sus propuestas tienen respaldo suficiente o quedarse fuera de las instituciones. De eso trata la democracia. Lo que no resulta democrático es pretender que los ciudadanos solo puedan votar a las opciones que los partidos establecidos consideran convenientes. La libertad política no consiste en elegir entre las alternativas que otros nos recomiendan. La libertad política consiste en poder elegir aquella que mejor representa nuestras convicciones, aunque sea minoritaria, aunque sea incómoda y aunque no tenga garantizada la representación parlamentaria.
El voto es la expresión de la voluntad individual de cada ciudadano, no una herramienta al servicio de los cálculos de los partidos. Así que si SALF representa una oferta electoral distinta, si plantea cuestiones que los demás no plantean y si recoge el descontento de personas que no encuentran acomodo en las formaciones tradicionales, entonces su existencia no es una anomalía que deba corregirse, sino una consecuencia legítima del pluralismo.
La democracia consiste en que todos puedan votar libremente, no en que todos voten útil. Y, en ocasiones, el voto más útil para la democracia es precisamente aquel que se niega a obedecer las instrucciones de los partidos.










