¿Y si Sánchez se niega a abandonar el poder? ¿Quién defenderá a España?
Hay una pregunta que los demócratas españoles deberían hacerse y que resulta inquietante: ¿Qué ocurriría si Pedro Sánchez, después de cometer un fraude electoral masivo, de reeditar su alianza de canallas y mantenerse en el poder mediante maniobras ilegítimas, decidiera no abandonar el Gobierno? ¿Quién lo echaría? ¿Quién impediría que un presidente que habría perdido la legitimidad democrática se atrincherase en el poder y utilizara las instituciones del Estado para perpetuarse?
No es una pregunta extravagante ni una fantasía política. Es una hipótesis que obliga a examinar la fortaleza real de nuestra democracia y la capacidad de sus instituciones para defenderla frente a quien pretendiera secuestrarla.
¿Lo haría el Rey? La Constitución le atribuye funciones esenciales, pero no le concede poderes ejecutivos ni la facultad de destituir por su cuenta a un presidente del Gobierno. Además, no es muy valiente.
¿Lo harían las Fuerzas Armadas? Su misión constitucional es defender la soberanía, la independencia y el ordenamiento constitucional, pero están sometidas al poder civil y no pueden convertirse en árbitros políticos.
¿Lo harían los jueces? Deberían hacerlo desde la independencia, aplicando la ley, investigando las irregularidades y haciendo cumplir las resoluciones judiciales, aunque para ello necesitarían instituciones dispuestas a respetar sus decisiones.
¿Y el pueblo? El pueblo tiene el poder soberano, pero en realidad es impotente. Su capacidad de reacción está limitada por los mecanismos legales, la movilización pacífica y la fuerza de unas instituciones que deberían representarlo y protegerlo.
Aquí aparece el verdadero drama: ¿Qué sucede cuando quienes tienen la obligación de defender la democracia no cumplen su cometido? Una democracia no puede depender de la buena voluntad de un gobernante, ni quedar indefensa ante la ambición de quien controla temporalmente el aparato del Estado.
España tiene demasiados cobardes en las instituciones claves, demasiados generales sometidos que olvidan su juramente de defender España de enemigos internos y externos, demasiado políticos que aman más su cartera que su patria, demasiados ciudadanos acojonados.
Para impedir una usurpación existen tribunales, controles parlamentarios, procedimientos electorales, órganos de supervisión y mecanismos constitucionales. Pero todos ellos necesitan independencia, valentía institucional y respeto efectivo a la ley. Si los partidos colonizan las instituciones, si los órganos de control se someten al Gobierno y si la Justicia es intimidada o desacreditada, el ciudadano puede terminar abandonado y desarmado ante el poder.
España necesita responder urgentemente a esa pregunta. No basta con confiar en que ningún presidente se atreverá a cruzar determinadas líneas rojas. Sánchez, el político más corrupto de la Historia moderna de España, ha demostrado que puede cruzar muchas líneas rojas con asquerosa impunidad.
La democracia debe disponer de defensas eficaces frente a quienes pretendan destruirla desde dentro, utilizando sus propias reglas y sus propias instituciones.
A nuestra Constitución le faltan mecanismos que impidan a un demente apoderarse del Estado. ¿Por qué no ordena, por ejemplo, que si un gobierno no puede aprobar dos años los presupuestos, debe, inmediatamente, disolver las Cortes y convocar elecciones?
Ningún gobernante está por encima de la Constitución, ninguna mayoría parlamentaria puede legitimar un fraude y ningún resultado electoral puede servir de coartada para usurpar la soberanía popular.
Si algún día un presidente pretendiera atrincherarse ilegítimamente en el poder, España tendría que contar con instituciones capaces de impedírselo. Porque una nación que no sabe defender su libertad frente a sus propios gobernantes corre el riesgo de convertirse en rehén de ellos.
Ese es el peligro actual que los españoles nunca deberían permitir. Ese es el temor que debe dominar nuestras mentes en el momento de depositar el voto, el 29 de noviembre.










