Pedraz abre pieza secreta tras recibir del PSOE tres cajas con las facturas de los pagos a sus abogados
El PSOE ha cumplido con el requerimiento del magistrado que investiga el «caso Leire Díez» y ha entregado tres cajas y un pendrive con información sobre los abogados contratados por la formación entre los años 2021 y 2025. Los servicios jurídicos del partido anuncian su «absoluta colaboración con la Justicia» pero insisten en que se proteja el secreto profesional. El instructor de la causa, Santiago Pedraz, accede a lo reclamado y abre pieza separada reservada para analizar el material canalizado.
Ferraz ha aportado una relación en formato Excel de los profesionales y despachos contratados entre los años investigados y las facturas correspondientes a dichos encargos. En concreto, remite información sobre el territorio contratante, el despacho o profesional, la cuantía de los contratos y una descripción genérica de la categoría del servicio prestado.
«Facilitamos la información identificativa y económica que permite verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE, desembolsos que, por otra parte debemos precisar, han sido sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas», reza el partido, según consta en su escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Con todo, entregan también una circular del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sobre la protección de los documentos sometidos a reserva por la relación abogado-cliente.
Pagos encubiertos a Leire
Pedraz reclamó esta información al PSOE tras constatar pagos del partido a abogados que, a su vez, giraron transferencias a Leire Díez. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como Pedraz sospechan que la formación podría haber empleado esta vía para retribuir los servicios de Leire Díez, a quien la Justicia investiga por sus maniobras para boicotear causas penales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y al propio partido.
De hecho, la Guardia Civil constató abonos por 36.000 euros a Zaño Sociedad Consultora S.L (perteneciente al exconsejero socialista Gaspar Zarrías); a Jacobo Teijelo (letrado de Santos Cerdán) y a dos sociedades de Ismael Oliver (quien fuera abogado de Koldo García). La Unidad Central Operativa (UCO) detectó que parte de los fondos girados por Ferraz terminaron en cuentas de la fontanera.
En concreto, consta que Díez recibió una transferencia de 27.225 euros proveniente de Oliver Gruppe S.L de Oliver; cantidad que luego reembolsó el PSOE al penalista a través de una segunda firma suya. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, explicó en sede judicial que estas contrataciones se efectuaron por indicación de Santos Cerdán (en el momento de los hechos secretario de Organización) y que nadie cuestionó sus indicaciones.
Esta confesión (que efectuó en condición de investigada) abrió la puerta a que Pedraz solicitara del partido el listado completo de bufetes y abogados contratados entre 2021 y 2025. Ante el silencio de la formación, el magistrado emitió un segundo requerimiento avisando que tenían que cumplir con lo reclamado por la autoridad judicial. El PSOE respondió en un primer momento que no habían tenido tiempo material de estudiar lo reclamado debido, entre otras cuestiones, a la campaña electoral, la cual todavía no había comenzado formalmente.
«Fue comunicado el día 19 a esta unidad que se estaba recopilando la documentación de los territorios y al coincidir con la campaña electoral estaba siendo complicada la recopilación», indicó. Sin embargo, Pedraz les respondió dando un ultimátum para aportar lo solicitado, aunque abrió la puerta a proteger los casos en los que concurra el secreto profesional. Precisamente, el partido invoca a este supuesto para proteger datos clave sobre las contrataciones investigadas.
De hecho, aporta, junto con la documental requerida, una circular del Consejo General de la Abogacía sobre la protección del secreto profesional. Según indica, este «no es uniforme». «Es máxima respecto de los informes, escritos y comunicaciones elaborados por el profesional en el ejercicio de la defensa y el asesoramiento; es parcial respecto de las hojas de encargo, contratos y facturas, que admiten un expurgo; y no alcanza a los datos puramente identificativos y económicos», dicen.
Por ese motivo, se comprometen a ampliar la documentación aportada en los que casos en los que el magistrado Pedraz así lo pida. «Se manifiesta expresamente que, si tras el análisis de la documentación aportada, este tribunal estima necesario conocer más datos de algún encargo concreto, se le comuniquen de forma individualizada para poder dar traslado inmediato a los profesionales afectados y, en su caso, a las personas por ellos asistidas, para que presten su conformidad o expongan lo que a su derecho convenga al respecto», precisan los servicios jurídicos.
En el escrito recuerdan que se está en un «proceso electoral» en el que «la difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara». Por ello inciden en no revelar la identidad de todos los cargos del partido que han sido asistidos por los abogados y los despachos contratados en el tiempo investigado.









