El Tribunal de Cuentas reabre el ‘caso David Sánchez’ tras detectar posibles irregularidades en los pagos al hermano del presidente
El Tribunal de Cuentas ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda seguir adelante con la investigación sobre los sueldos en la Diputación Provincial de Badajoz, incluido el de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. La decisión, que rechaza el archivo solicitado por la propia Diputación, implica nombrar un delegado instructor para indagar en las posibles responsabilidades contables derivadas de la creación de dos puestos de trabajo.
La investigación tiene su origen en la acción pública que ejercitó el partido Iustitia Europa en julio de 2026, bajo la dirección letrada de su presidente, Luis María Pardo. La denuncia se basaba en los hechos recogidos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio de ese mismo año. El tribunal reconoció formalmente a la asociación como actor público el pasado 2 de septiembre.
La resolución judicial, dictada en el procedimiento de Acción Pública B158/2026, coincide con el criterio del Ministerio Fiscal. En su fundamento jurídico tercero, el auto señala que las denuncias se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha asegurado que «cada euro de dinero público debe estar justificado. Quienes hayan causado un perjuicio económico a las arcas públicas deben responder con su patrimonio». Además, ha subrayado: «Vamos a exigir todas las responsabilidades contables que correspondan y haremos que el dinero público indebidamente percibido vuelva a las arcas públicas. Ese dinero pertenece a los españoles».
Con esta decisión, el auto acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento del tribunal. Este órgano será el encargado de proponer a la Comisión de Gobierno el nombramiento del delegado instructor, quien practicará las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Esta nueva fase permitirá investigar los hechos en profundidad, cuantificar el eventual perjuicio económico causado a las arcas públicas e identificar a los presuntos responsables. Asimismo, se podrá practicar la liquidación provisional del alcance, requerir el depósito de las cantidades correspondientes y acordar medidas de embargo para garantizar el reintegro de los fondos.
Luis María Pardo ha añadido que van a «llegar hasta el final» y ha defendido que «la acción pública permite a la sociedad civil fiscalizar al poder, combatir la corrupción y exigir que quienes hayan ocasionado un perjuicio económico al Estado respondan con su propio patrimonio». En este sentido, ha afirmado que desde Iustitia Europa impulsarán «todas las actuaciones procesales necesarias para recuperar hasta el último euro de dinero público indebidamente percibido».
Desde la asociación Iustitia Europa celebran este nuevo avance judicial y reafirman su compromiso con la lucha contra la corrupción, la exigencia de responsabilidades patrimoniales y la defensa de la transparencia institucional para la recuperación del dinero de los españoles.










