La violencia proetarra vuelve a condicionar la libertad en el País Vasco
Ignacio Loring.- Lo que está sucediendo en Guipúzcoa no ocurre en ningún país lejano: ocurre en España. No se puede hablar de convivencia, de paz ni de normalidad democrática mientras haya españoles que necesiten protección policial para defender sus ideas.
Algunos parecen empeñados en ocultar, minimizar o convertir en una anécdota la realidad que se vive en determinadas localidades del País Vasco, donde defender determinadas ideas políticas sigue teniendo un coste personal. Puede significar sufrir insultos, amenazas, intimidaciones, agresiones o ver cómo un grupo de radicales impide por la fuerza celebrar un acto político. Se trata de una vulneración intolerable de la libertad alimentada por los socios de Sánchez en el Congreso y en Navarra.
Los últimos acontecimientos en Guipúzcoa son una prueba especialmente preocupante. El candidato del Partido Popular Jon Echeverría sufrió en Hernani el lanzamiento de piedras, huevos y petardos cuando se disponía a realizar un acto de campaña. Días antes, dos jóvenes de Nuevas Generaciones habían denunciado otra agresión en Barakaldo. La situación ha llegado hasta el punto de que el PP ha suspendido parte de su actividad electoral en Guipúzcoa por motivos de seguridad. Por consiguiente, ¿de qué normalidad democrática estamos hablando?
No se puede hablar de normalidad en España mientras haya una parte de nuestro territorio nacional en la que representantes políticos y ciudadanos no puedan defender libremente sus convicciones sin exponerse a ser coaccionados, intimidados o agredidos. Tampoco se puede apelar a la paz en el mundo, reclamar respeto a los derechos humanos en cualquier foro internacional y, al mismo tiempo, pasar por alto que dentro de nuestras propias fronteras hay quienes intentan imponer sus ideas mediante la intimidación.
La libertad no puede depender del código postal ni la democracia puede tener zonas de excepción; el derecho a defender unas ideas no puede estar condicionado a que esas ideas sean del agrado de quienes se creen propietarios de las calles.
Lo sucedido en Guipúzcoa no es una simple protesta ni una discrepancia política. Lanzar piedras, arrojar petardos, perseguir a candidatos e impedir por la fuerza un acto electoral no es ejercer la libertad de expresión; es tratar de arrebatársela a los demás.
Ante esta situación de enorme gravedad cabe exigir una respuesta política a la altura de la gravedad de los acontecimientos. Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de defender sin ambigüedades a quienes sufren violencia por ejercer sus derechos democráticos. No basta con que las instituciones actúen cuando los hechos ya se han producido. Hace falta una condena política inequívoca, sin cálculos partidistas, y garantías efectivas de seguridad para todos los representantes y militantes.
El Gobierno no puede mantener una actitud de silencio o insuficiente contundencia ante hechos de esta naturaleza. Es inaceptable que el presidente del Gobierno condene públicamente y sin matices cualquier agresión política. La defensa de la libertad no puede depender de quién sea la víctima ni de quién sea el agresor.
Existe además otra contradicción que merece ser señalada. Desde la izquierda y desde el Partido Socialista se advierte constantemente de los supuestos peligros que representaría una eventual llegada de Vox al poder. Se utiliza el miedo como argumento político y se presenta a determinados adversarios como una amenaza para la convivencia democrática, como si la convivencia se defendiera solo con discursos interesados, no con hechos.
Hasta donde sabemos, ningún dirigente de Vox ha llamado a frenar de cualquier forma a un adversario político, como sí hizo Otegi al instar a los suyos a dar una «paliza» a los «fascistas» del PP y de Vox. Tampoco no consta que alguien de Vox emplease la violencia contra un rival ideológico, ni a tratar de impedir sus mítines, como en cambio sí han hecho radicales de izquierda en Galicia, País Vasco y Cataluña. Por tanto, la pregunta fundamental no es qué hará un partido que aún no forma parte del Gobierno de España; la cuestión es si se puede defender cualquier proyecto político en cualquier pueblo de España sin miedo a recibir una pedrada. O si puede un candidato recorrer Guipúzcoa, colocar una mesa informativa y explicar sus propuestas sin necesitar un dispositivo especial para protegerse de quienes pretenden expulsarlo de la calle.
Si la respuesta es que no, tenemos un problema democrático de primer orden.
España no puede permitirse volver a convivir con la intimidación política como si fuera un elemento inevitable del paisaje vasco. No podemos aceptar que el miedo determine quién puede hablar, quién puede hacer campaña y quién tiene derecho a representar a sus vecinos. La memoria de tantos años de terrorismo y sufrimiento no puede quedar diluida en una falsa normalización que confunda convivencia con silencio y reconciliación con impunidad social.
La paz no consiste en que las víctimas callen, en que los amenazados se marchen o en que los adversarios políticos renuncien a presentarse en determinados municipios. La paz consiste en que todos puedan vivir, hablar, votar y defender sus ideas en libertad.
El blanqueamiento todos estos años de los herederos políticos de ETA por parte del sanchismo obliga al todavía presidente a permanecer callado. Quien intimida a un candidato no está defendiendo al pueblo vasco: está negando a sus ciudadanos el derecho a elegir libremente. Y por mucho que se nos diga que ETA ya no existe, su herencia de miedo e intolerancia sigue tan viva como hace 20 años. Es un insulto a las víctimas de ETA hablar de paz y convivencia en el País Vasco mientras se impone el miedo, se persigue al discrepante y el matonismo incrustado en muchas instituciones y espacios públicos sigue dictando quién puede hablar y quién debe marcharse.
Esto está ocurriendo en España y Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado.











