La Fiscalía Europea y la UCO desatan una operación por un posible fraude con fondos comunitarios en las pulseras antimaltrato
Ana Redondo, ministra de Igualdad.
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colabora en las pesquisas, abiertas en el 2025, y este jueves se están practicando diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.
La investigación afecta a un sistema cuya contratación y funcionamiento ya habían sido duramente cuestionados por el Tribunal de Cuentas. El pasado septiembre, el organismo fiscalizador denunció «graves deficiencias» en la ejecución del contrato adjudicado en el 2023, por 42,6 millones de euros, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En su informe, aprobado el 22 de septiembre, el Tribunal de Cuentas examinó tres contratos sucesivos, formalizados en el 2018, el 2021 y el 2023, por un importe conjunto de 102,6 millones. Detectó problemas en la preparación de las adjudicaciones, la transición entre empresas y la supervisión del servicio por parte del departamento de Igualdad.
Una de las irregularidades más graves se produjo durante el cambio de adjudicataria. La imposibilidad de acceder a los datos históricos de geolocalización dejó sin respuesta 123 requerimientos judiciales. El problema se prolongó durante meses y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, provocó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».
Las deficiencias también afectaron directamente al funcionamiento de los dispositivos. El Tribunal de Cuentas documentó interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a sus víctimas, retrasos en las reparaciones y baterías que apenas duraban una semana y media cuando las especificaciones técnicas de la oferta indicaban seis meses de autonomía.
El informe cuestionó especialmente la reacción del Ministerio de Igualdad, al considerar que los responsables del departamento no habían realizado un seguimiento adecuado de las obligaciones contractuales. Los requerimientos a la empresa adjudicataria fueron tardíos y apenas se aplicaron penalizaciones pese a los reiterados incumplimientos.
Además, una auditoría tecnológica externa encargada por Igualdad en noviembre del 2025 confirmó vulnerabilidades críticas en los dispositivos, incluidos problemas que podían facilitar la manipulación de sus sistemas de localización. Las trabajadoras del centro de control Cometa ya habían advertido de los riesgos para las víctimas.
La propia Fiscalía General del Estado había alertado en su memoria correspondiente a 2024 de los «múltiples fallos» detectados en los nuevos dispositivos y de los problemas derivados del cambio de empresa. Las fiscalías provinciales denunciaron dificultades de cobertura, retrasos en las sustituciones y obstáculos para obtener información necesaria en los procedimientos judiciales.
La financiación europea del sistema se enmarca en el componente 22 del Plan de Recuperación, dentro del proyecto España te protege contra la violencia machista. Entre sus compromisos figura la provisión de al menos 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento, además de mejoras tecnológicas para proteger a las víctimas.
El Tribunal de Cuentas también constató que el cumplimiento de ese objetivo había sido certificado en junio y julio del 2026. Su informe dio por cumplidos los requisitos específicos de gestión de los fondos europeos, aunque mantuvo sus severas críticas a la contratación y al funcionamiento del servicio.
