Hay palabras que, por sí solas, explican bastante bien el funcionamiento de algunas instituciones. Bonus es una de ellas. Malus, su antónimo, parece haber desaparecido del vocabulario de quienes administran nuestro dinero.

La polémica de ADIF sobre los incentivos económicos de sus directivos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que los ciudadanos tenemos derecho a plantear: ¿quién responde cuando una empresa pública no cumple adecuadamente su cometido?

Según las informaciones publicadas estos días, el comité de dirección de ADIF percibió conjuntamente alrededor de 1,2 millones de euros en remuneraciones durante 2025. Y ahora ha saltado la controversia por la continuidad, para el periodo 2026-2030, de un sistema de retribución variable ligado al cumplimiento de objetivos.

ADIF ha salido al paso de las informaciones negando que se haya aprobado un bonus extraordinario o que se haya blindado un pago específico para su cúpula directiva. Sostiene que el sistema de retribución variable existe desde 2012 y que afecta aproximadamente a 5.216 trabajadores de ADIF y ADIF Alta Velocidad.

Aceptemos, por tanto, las explicaciones de la compañía en cuanto a la naturaleza del acuerdo. Pero eso no significa que debamos renunciar a hacer preguntas, algunas bastante incómodas, como debe ser en estos casos.

¿Quién establece los objetivos? ¿Quién comprueba que se han cumplido? ¿Qué indicadores se utilizan? ¿Se mide la rentabilidad, la ejecución de inversiones, la puntualidad, el mantenimiento, la seguridad o la satisfacción de los usuarios? ¿Qué sucede cuando los resultados son manifiestamente insatisfactorios?

Porque una cosa es incentivar la buena gestión y otra muy distinta convertir la remuneración variable en un complemento prácticamente desvinculado de la responsabilidad por los resultados.

ADIF no es una empresa privada cuyos accionistas asumen voluntariamente el riesgo de remunerar generosamente a sus ejecutivos. Es una entidad pública empresarial dependiente de la Administración General del Estado.

Sus directivos no son, por regla general, funcionarios de carrera. Su personal se rige fundamentalmente por el Derecho laboral, con las excepciones previstas para los funcionarios destinados en la entidad. La propia legislación contempla un régimen específico para el personal directivo.

Y aquí aparece otra cuestión: ¿hasta qué punto la dirección de estas empresas públicas está profesionalizada y hasta qué punto responde a los equilibrios y nombramientos del poder político?

No basta con decir que alguien ocupa un puesto directivo en una entidad pública. Los ciudadanos debemos conocer qué méritos justifican su nombramiento, qué responsabilidades asume y qué consecuencias tiene una gestión deficiente.

La responsabilidad pública no puede terminar en una explicación institucional ni resolverse siempre con una dimisión cuando el escándalo alcanza suficiente dimensión.

En cualquier empresa privada seria, la retribución variable debe guardar relación con los resultados. Si se alcanzan los objetivos, puede existir una recompensa. Si no se alcanzan, sencillamente no se cobra.

Pero cuando hablamos de una empresa que gestiona una infraestructura esencial para millones de ciudadanos, hay algo que debe estar por encima de cualquier indicador económico: la seguridad y la calidad del servicio.

¿De qué serviría cumplir un objetivo de inversión si el mantenimiento no recibe la atención necesaria? ¿Qué sentido tiene ejecutar presupuestos si no se garantiza la calidad de las infraestructuras? ¿Cómo se puede valorar una gestión sin incorporar indicadores transparentes sobre la seguridad ferroviaria?. No estamos evaluando al “tren de los escobazos”.

No estoy afirmando que los accidentes ferroviarios sean consecuencia de este sistema de incentivos. Eso corresponde determinarlo a las investigaciones técnicas y judiciales pertinentes.

Lo que sostengo es que la evaluación de los responsables de una infraestructura pública debe incluir necesariamente aquello que constituye la razón de ser de esa infraestructura: prestar un servicio seguro y fiable.

En España hemos terminado acostumbrándonos a una curiosa cultura institucional: cuando las cosas funcionan, aparecen muchos padres; cuando salen mal, las responsabilidades se diluyen entre organismos, consejos, ministerios y comisiones.

Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando impuestos, comprando billetes cada vez más caros y esperando que los servicios públicos funcionen como deben.

No se trata de demonizar a los directivos ni de defender que la Administración deba pagar salarios miserables a quienes ocupan puestos de responsabilidad. La buena gestión profesional debe estar bien remunerada.

Pero la remuneración debe ser proporcional, transparente, justificable y, sobre todo, vinculada a resultados reales.

El problema no es que exista un bonus. El problema sería que pudiera existir un bonus sin una evaluación rigurosa, sin transparencia y sin consecuencias cuando los objetivos fundamentales no se cumplen.

Porque si en el sector privado existe el bonus, también debe existir el malus.

Y si alguien quiere cobrar como responsable de una gran organización, también debe estar dispuesto a responder como tal. Son funcionarios, directivos o cargos políticos? Esta es otra de las preguntas que deberíamos hacernos.

Las empresas públicas no pueden convertirse en refugios de colocación política ni sus consejos de administración en prolongaciones de los despachos ministeriales. Y en eso se ha convertido nuestra añorada RENFE.

Quienes dirigen estas organizaciones administran recursos públicos y prestan servicios esenciales. En este caso lo que han provocado son dos desastres sin parangón.

Y, cuando fracasan, deben responder ante los ciudadanos y ante las instituciones de control.

No podemos exigir responsabilidad a una empresa privada hasta el último céntimo y aceptar que en el sector público las responsabilidades se conviertan en una cuestión de interpretación.

BONUS MALUS. Dos palabras, dos caras de una misma moneda. Como bien lo ha calificado Carlos Herrera, ADIF es un “pozo de indecencia”, una cueva de irresponsables que no conocen ni la vergüenza ni la dignidad.

En una Administración que aspire a ser ejemplar, los premios deben ganarse y las responsabilidades deben asumirse.

Lo demás es sencillamente un privilegio pagado con el dinero de todos. Nadie debería cobrar un incentivo por objetivos sin que los ciudadanos puedan conocer cuáles eran esos objetivos, cómo se midieron y quién certificó su cumplimiento.