La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique, con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva de invasores procedentes de Marruecos a Ceuta el pasado mes de julio. La instructora pretende determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas.

En un auto, la juez considera imprescindible desclasificar esa información para esclarecer unos hechos que investiga como posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado y para que puedan prestar declaración como testigos todo aquel personal de los servicios de inteligencia que haya «mantenido cualquier tipo de comunicación» con agentes de la Guardia Civil y, en concreto, con miembros de la unidad UCE-3 porque, dice, tuvieron un conocimiento «directo, personal y muy relevante» de los hechos investigados.

Tardón también solicita todas las «notas e informes» realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del mismo día de la entrada masiva relacionados a las investigaciones sobre los hechos y todos aquellos relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.

Además, la instructora pide todas aquellas comunicaciones que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia, conteniendo «cualquier posible aviso o alerta» respecto a la inmigración irregular, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta la fecha.

La petición de Tardón se produce después de que el CNI remitiera el pasado 14 de octubre un informe que, a juicio de la instructora, no responde de manera completa a las cuestiones planteadas por el juzgado. La magistrada reprocha al organismo que parte de la documentación facilitada mantenga las mismas tachaduras que los documentos desclasificados por el Gobierno el pasado 8 de septiembre y que, por tanto, no aporta «ningún extremo» que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en el procedimiento.

En este sentido, Tardón cuestiona que el CNI se limite a señalar que sus análisis fueron trasladados a «las autoridades» o a «los organismos correspondientes», sin identificar a sus destinatarios concretos, y reprocha que hay aspectos sobre los que el centro no ha dado una respuesta «completa».

La juez considera que esta información resulta esencial y tiene «absoluta relevancia» para determinar si las instituciones competentes dispusieron de advertencias previas sobre la convocatoria de entrada masiva y cómo reaccionaron.

«En el informe se responde tan sólo una parte de las cuestiones planteadas. Así, se reconoce que el CNI ha continuado investigando lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis. Añade que buena parte de su contenido se basa en esas investigaciones posteriores y que se remitieron documentos actualizados a las autoridades. Sin embargo, no se identifica ni remite ninguno de esos informes, como también se había solicitado por este órgano judicial, dejando sin respuesta la petición expresa de remitir a este órgano judicial los documentos que se hubieran elaborado», expone.

Reclama las comunicaciones secretas entre España y Marruecos

Respecto de la solicitud de las comunicaciones entre España y Marruecos, Tardón expone que el CNI solo ha aportado una nota de las 20 que se dicen que se habrían dirigido a los servicios marroquíes DGED y DGST, de ahí que solicite la desclasificación íntegra de esas notas y de todas las comunicaciones enviadas o recibidas entre los servicios de inteligencia de ambos países.

La magistrada considera especialmente urgente conocer el contenido completo de la nota del 29 de julio, porque podría permitir identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la entrada masiva de personas en Ceuta.

Aunque Tardón es consciente que los datos solicitados pertenecen al círculo de los secretos oficiales, justifica sus peticiones al asegurar que «la información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultado imprescindible para la averiguación de la verdad material».

En este sentido, añade, que el hecho de que sean secretos oficiales no puede generar un «espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal» y que del propio hecho de que el Gobierno ya desclasificó documentos se desprende que es «compatible» con las exigencias de la seguridad del Estado.

En este caso, dice, la información interesada es «indispensable» para el esclarecimiento de los hechos y porque permitirá determinar qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse.