Cuando está en juego el censo electoral, un Gobierno debería ofrecer explicaciones antes de exigir prisas. Pedro Sánchez prefiere la urgencia: Ángel Gabilondo, obediente con quien la he nombrado Defensor del Pueblo, ha acudido al Tribunal Constitucional para intentar levantar la suspensión del voto acordada por el Supremo respecto a personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. Ha presentado un recurso de amparo y ha solicitado medidas cautelarísimas. Quiere una intervención inmediata del tribunal presidido por otro siervo del sanchismo, Cándido Conde-Pumpido, para que miles de argentinos, cubanos, mexicanos captados en sus oficinas consulares, puedan votarle en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Gabilondo ha recurrido la decisión judicial que pone límites a sus efectos electorales.

En su videocomentario, el periodista Joaquín Abad cuestiona el recurso contra la resolución judicial que limita los efectos electorales de esa medida y busca que miles de argentinos, cubanos y mexicanos puedan votar en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

Abad critica que se solicite una intervención rápida del Constitucional antes de que, según sostiene, se hayan aclarado los criterios de nacionalización, los controles aplicados a los expedientes y las razones por las que instrucciones administrativas habrían ampliado lo aprobado por el Parlamento. También pone en duda la independencia de la institución del Defensor del Pueblo y considera que la actuación de Gabilondo parece coincidir con las necesidades políticas de Pedro Sánchez. Esas referencias a las motivaciones del presidente y a la afinidad política de los responsables forman parte de la valoración crítica del comentario.

En el video se identifica a Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en ese momento, y afirma que firmó instrucciones que ampliaron los criterios de aplicación de la norma. Según el comentario, esas instrucciones consideraron exiliados políticos a todos los españoles que emigraron durante la Guerra Civil, incluidos quienes se marcharon por motivos económicos. El vídeo cuestiona el alcance de esa interpretación y sostiene que el Defensor del Pueblo debe exigir que la Administración actúe conforme a la ley.

El comentario también reclama garantías para el registro electoral y que cada inscripción cumpla los requisitos legales. Pide que Gabilondo defienda a la ciudadanía con independencia de los intereses del presidente y que el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, resuelva con argumentos jurídicos comprensibles y examinables. Asimismo, atribuye al Supremo la suspensión de la llamada Ley de Nietos y sostiene que el Gobierno la había utilizado como un medio de fraude electoral; esa afirmación se presenta como parte de la crítica del vídeo.

Joaquín Abad recoge además un intercambio entre personas no identificadas sobre conseguir una fotografía de un pasaporte y recoger o enviar un documento. Una persona plantea que, si no logra obtenerlo, podrían acudir a votar en la embajada; otra dice que organiza un grupo de colegas para reunir votos e incluir a su interlocutor.