Juan Luis Collado.- Saqueos, incendios, edificios públicos arrasados y policías heridos. Francia vive una oleada de violencia que obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿se condena la violencia con la misma contundencia cuando quienes la ejercen pertenecen a la izquierda radical?

Francia ha vuelto a contemplar imágenes que deberían provocar una condena unánime en cualquier democracia que se tome en serio el Estado de derecho. Comercios saqueados, mobiliario urbano destrozado, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y edificios públicos devorados por las llamas. En Limoges, el histórico ayuntamiento sufrió un incendio devastador durante los disturbios del 17 de octubre. Las autoridades francesas han atribuido parte de la violencia a grupos de extrema izquierda y a delincuentes que aprovecharon las movilizaciones, aunque la responsabilidad ideológica de cada implicado debe determinarse mediante pruebas. Las cifras de detenidos y agentes heridos han alcanzado dimensiones extraordinarias.

Y ante semejante panorama, la pregunta es inevitable: ¿cuál sería la reacción política, mediática e institucional si estas mismas imágenes estuvieran protagonizadas por grupos identificados con la ultraderecha?

Imaginemos por un momento el escenario. Un grupo de manifestantes de extrema derecha incendia un ayuntamiento, saquea comercios, destroza instalaciones públicas y se enfrenta violentamente a la Policía. Decenas de agentes resultan heridos. Las calles se convierten en escenarios de batalla y los ciudadanos contemplan atónitos cómo una protesta termina transformada en una sucesión de actos vandálicos.

¿Alguien duda de que se abriría un intenso debate sobre el auge del fascismo, la amenaza para la democracia y la normalización de los discursos extremistas? ¿Cuántas tertulias, editoriales y declaraciones institucionales se sucederían? ¿Cuántos dirigentes serían señalados por haber contribuido, supuestamente, a crear el clima político que habría desembocado en semejante violencia?

No hace falta inventar una conspiración para formular estas preguntas. Basta con exigir coherencia.

La ideología no puede ser un agravante para unos y una excusa para otros

En el debate público europeo existe una tendencia que merece ser examinada: la de juzgar determinados comportamientos no solo por lo que hacen sus protagonistas, sino también por la etiqueta ideológica que se les atribuye.

Cuando un dirigente situado en la derecha radical realiza declaraciones polémicas, sus palabras pueden convertirse en un asunto de máxima gravedad democrática. Se analizan sus implicaciones, se discute si alimentan el odio y se advierte sobre los peligros de la radicalización. Es legítimo examinar el discurso de cualquier representante público, especialmente cuando puede incitar a la discriminación o a la violencia; ahora bien, esa misma exigencia debe aplicarse cuando la violencia procede de entornos radicales de izquierda.

Si unos manifestantes incendian edificios, saquean establecimientos o agreden a policías, no basta con presentar los hechos como un estallido de indignación social, una protesta desbordada o una reacción contra las políticas del Gobierno. Las causas de una movilización pueden ser legítimas y sus reivindicaciones merecer atención, pero nada de ello convierte en aceptable la destrucción de bienes públicos o privados.

La indignación política no concede una licencia para delinquir y ninguna causa ideológica transforma el vandalismo en una forma superior de compromiso cívico.

En ese sentido, quien defiende la democracia debe defender también sus reglas cuando quienes las vulneran comparten algunas de sus ideas. De lo contrario, no está defendiendo principios: está defendiendo a los suyos.

El relato cambia cuando cambia el protagonista

El problema no es que se denuncien los peligros de la extrema derecha. De hecho, deben denunciarse cuando existan hechos que lo justifiquen. El problema surge si la exigencia moral desaparece cuando los responsables pertenecen a otro espacio ideológico.

La violencia política no deja de ser violencia porque se presente bajo banderas antifascistas, consignas revolucionarias o reivindicaciones sociales. Tampoco una pancarta en defensa de los trabajadores convierte en legítimo el saqueo de la tienda de un pequeño comerciante, ni el rechazo a un Gobierno justifica que se incendie un edificio municipal que pertenece a todos los ciudadanos.

La cuestión es si los grupos que organizan, promueven o ejecutan actos violentos reciben el mismo escrutinio público, con independencia de su ideología.

¿Dónde están las mismas exigencias?

Si los responsables fueran grupos neonazis, sería razonable exigir a los partidos y organizaciones que mantuvieran vínculos demostrables con ellos una explicación clara sobre esos vínculos. También sería razonable investigar si existieron llamamientos a la violencia, apoyos materiales o incitaciones concretas.

Pues bien, esas mismas preguntas deben formularse ante cualquier organización de extrema izquierda cuando existan indicios verificables de participación, coordinación o incitación.

¿Hubo llamamientos explícitos a cometer actos violentos? ¿Qué grupos participaron en los ataques? ¿Qué responsabilidad corresponde a quienes los organizaron y a quienes los ejecutaron? ¿Qué dirigentes condenaron inequívocamente los saqueos y los incendios? ¿Qué medios informaron sobre la identidad de los responsables y cuáles se limitaron a describir los hechos como un episodio genérico de malestar social?

Son preguntas legítimas. No prejuzgan las respuestas y no eximen a nadie de aportar pruebas.

Lo que no resulta aceptable es exigir responsabilidades políticas colectivas a unos y reclamar un análisis exclusivamente individual cuando los implicados pertenecen a otro entorno ideológico. La responsabilidad debe establecerse con criterios iguales, no modificarse según la simpatía o la antipatía que despierte cada causa.

La tolerancia selectiva también erosiona la confianza

Los ciudadanos no esperan que todos los medios de comunicación utilicen exactamente las mismas palabras ni que todos los partidos interpreten los acontecimientos del mismo modo. Esperan algo mucho más elemental: que los hechos no cambien de naturaleza según quién los protagonice.

Un incendio provocado no es menos grave porque el autor se declare antifascista. Un policía agredido no merece menos consideración porque el agresor participe en una protesta de izquierdas. Un comerciante que pierde su negocio no sufre menos porque los responsables afirmen actuar en nombre de la justicia social. Y un ayuntamiento incendiado no deja de ser un ataque contra el patrimonio colectivo porque quienes lo hayan atacado afirmen combatir un sistema injusto.

La pregunta que Europa debería hacerse

Europa no puede permitirse construir una moral pública en la que la gravedad de una conducta dependa de la identidad política de quien la comete.

Si los disturbios de Francia hubiesen sido protagonizados por la extrema derecha, en estos momentos existiría un debate abierto sobre la necesidad de ilegalizar a formaciones calificadas de ultraderechistas. Al final, el espantajo de la ultraderecha se ha convertido en la excusa perfecta para que muchos miren hacia otro lado ante el radicalismo violento de la izquierda.

Por desgracia, estamos ya habituados a que la izquierda tenga una doble vara de medir y que justifique la violencia contextualizándola indefinidamente cuando la ejercen quienes considera compañeros de viaje.

Es entonces, cuando la ideología determina qué violencia merece condena y cuál merece indulgencia, que ya no estemos hablando de principios democráticos universales sino de una moral de conveniencia.

Esa es precisamente la doble vara de medir que Europa debería tener el valor de examinar.