El decreto Maricarmen, el que fue publicado en el BOE y entró en vigor este miércoles, tiene una larguísima exposición de motivos de 33 páginas y en ninguna de ellas aparece la más mínima mención al fenómeno de la inmigración como causa principal del déficit de vivienda existente en España. Ni un párrafo, ni una línea, ni tan siquiera una sola palabra. Ni siquiera cuando el texto alude a que, en los últimos 15 años, en España se han creado muchos más hogares que viviendas y que según el Banco de España hacen falta 750.000. Tampoco hay ni rastro en la memoria abreviada del análisis de impacto normativo incluida en la documentación enviada al Congreso.

El Gobierno ha evitado deliberadamente cualquier alusión a uno de los grandes tabúes de la izquierda y se limita a señalar que el acceso a la vivienda es «un problema multifactorial y global», sin entrar en el factor clave: la inmigración. El factor que señalan todos los expertos independientes, incluida la asesora de cabecera de la ministra de Vivienda: la presidenta de la fundación Hàbitat3 y del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, la economista Carme Trilla.

El lunes, Pedro Sánchez visitó una promoción de viviendas de alquiler asequible en Barcelona y lo hizo acompañado de Carme Trilla, entre otros. Tan presente tiene Isabel Rodríguez a esta economista experta en vivienda que, en la rueda de prensa del martes en la Moncloa, se refirió a ella como «una mujer que ha contribuido y contribuye mucho a orientar las políticas públicas en nuestro país». Fue durante la presentación de este real decreto ley y del de la renovación automática de los alquileres (este segundo no tiene ninguna posibilidad de ser convalidado en el Congreso el viernes).

Trilla compareció como experta en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso en noviembre de 2024 y allí situó la inmigración como la primera causa de lo que llamó «shock de demanda». Con estas palabras: «Primer tema: crecimiento de la población. En el siglo XXI, España ha crecido en ocho millones de personas y estamos ya en los 48 millones de habitantes, pero dentro de estos ocho millones, cinco millones y medio ha sido población inmigrada, el crecimiento vegetativo ha sido mucho menor. En este momento, el porcentaje de población migratoria en España es del 13,36 % cuando era menos del 5 %», comenzó explicando. Y continuó: «En el último periodo del siglo XXI, desde el año 2017 a 2024, hemos crecido en dos millones de personas, y de estos dos millones, casi el 100 % ha sido un crecimiento migratorio, lo que provoca una presión tremenda sobre la demanda de vivienda. Porque cuando el crecimiento es vegetativo, es decir, tenemos más nacimientos que defunciones, podemos prever unas necesidades de vivienda a los 20 o 25 años, con lo cual quizá podríamos hacerlo bien, pero cuando el crecimiento es migratorio la necesidad de vivienda es inmediata, lo que significa una presión clara de demanda», añadió.

La experta, a quien la ministra de Vivienda entregó en marzo la Cruz de la Orden del Mérito Civil, aportó otras dos causas: la demanda retenida («entre 2008 a 2017 los jóvenes no se emanciparon, la gente se quedó en casa y se esperó a que los precios bajarán un poco más porque bajaban», explicó) y un parque de viviendas en alquiler muy insuficiente.

De esto último sí habla la exposición de motivos del decreto Maricarmen, pero no de la inmigración. El Gobierno obvia por completo toda esa realidad y se centra en hacer populismo legislativo desde el BOE. Con frases como estas: «Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz». «Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda». También aparecen alusiones no demasiado escondidas al PP, al abogar por «una mayor protección» desde el Gobierno «para que ningún desahucio de una persona que carezca de alternativa habitacional. Más aún cuando las administraciones competentes para proporcionársela hacen una evidente dejación en sus funciones».

En medio de la polémica por el desahucio de Maricarmen, Vox es el único partido que ha situado la inmigración en el epicentro de la que el Ejecutivo considera una «emergencia habitacional». Ni siquiera el PP lo ha hecho. De hecho, el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, ha venido denunciando que el Ejecutivo «oculta la relación entre inmigración y crisis habitacional». Según Quero, «no se puede seguir hablando de vivienda sin hablar de inmigración».

Tanto Vox como el PP anunciaron el miércoles su voto en contra de ambos reales decretos leyes en el Pleno extraordinario del viernes. Como viene contando este periódico, el Ejecutivo confía en que sea convalidado el decreto Maricarmen, que es el que contiene la prohibición de los desahucios y la prórroga de los contratos en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, y da por descontado que será derogado el que contempla la renovación automática de los alquileres.