Mari Carmen, la anciana de 87 años desahuciada en Madrid, ha puesto de dramática actualidad el problema de la vivienda, que es considerado por gran parte de la población española (el 41,2%) como el principal problema de nuestro país. No es necesario entrar en los detalles concretos de este desahucio para tomar conciencia de una situación que por desgracia padecieron el pasado año 25.500 personas en España. Y que trae causa y una directa relación con la crisis de la vivienda, que cuando llegó Sánchez a la Moncloa, según el CIS, solo era considerado el principal problema de España por apenas un 2,4% de los españoles. Es decir, que la “progresista coalición” instalada en el gobierno desde hace 8 años ha conseguido ese “magnífico” resultado en relación a una necesidad tan básica e imprescindible como la vivienda.

Mientras esto sucedía, las calles de Madrid y en otras ciudades escenificaban manifestaciones culpando a Ayuso, a la derecha y a la ultraderecha de este problema. Sin olvidar a Franco. En cuanto a los desahucios, es preciso conocer que el pasado año por CC.AA. Cataluña fue en la que más se produjeron, seguida de Andalucía, Valencia y Madrid. Pese a ello, la presidenta madrileña Ayuso ha sido la protagonista de los ataques gubernamentales, encabezados por Sánchez desde Nueva York.

Precisamente, hace unos días y en Barcelona hubo otro trágico desahucio que acabó con la vida de una madre al suicidarse. Que no ha tenido un eco mediático y político mínimamente comparable al de Madrid, quizás porque en la Ciudad Condal y en Cataluña gobiernan también los “progresistas”. La hemeroteca audiovisual acompañada de la tecnología digital es un implacable auditor de los compromisos asumidos por unos y otros. Entre los cuales hay uno de 2015 de Pedro Sánchez dirigiéndose a entusiastas seguidores, afirmando que cuando accedan al gobierno “no van a haber más desahucios“. Han transcurrido 11 años de ese compromiso público y más de 8 años para poder cumplirlo y el resultado está a la vista. Eso sin hacer referencia a la “okupación” de viviendas, un problema entonces prácticamente inexistente.

Es evidente que la política de vivienda es de una gran importancia y que exige una especial cooperación entre todas las administraciones. Tanto de la local como la autonómica y la del Estado para dar adecuada respuesta a una intensa demanda al servicio del bien común. Es una política que debe tratarse como “de Estado”, lo que con el Frente Popular sanchista en el gobierno es materialmente imposible.