El Gobierno de Sánchez arrebata su puerto a los ceutíes para entregárselo a los invasores: instalará carpas, zonas de descanso y enfermería para atender a los ilegales
Invasores acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta.
El Gobierno ha asumido este sábado el control temporal de una parte del puerto de Ceuta para instalar carpas y servicios, con el objetivo de atender a los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la invasión de los días 30 y 31 de julio.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado una resolución por la que autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a ocupar temporalmente una superficie de 16.000 metros cuadrados del recinto portuario. La autorización se prolongará, al menos, hasta finales de este año.
La medida contempla la instalación provisional de zonas de descanso, enfermería y espacios para atención social, además de dependencias destinadas a prestar servicios sanitarios y organizar la asistencia a las personas migrantes.
La resolución también prevé la colocación de oficinas para el personal de la entidad encargada de gestionar estos servicios y una caseta destinada a labores de seguridad dentro del espacio portuario.
La decisión se produce después de que el Consejo de Administración del puerto de Ceuta, el Gobierno de la ciudad autónoma y los sindicatos rechazaran la cesión de estas instalaciones para acoger a inmigrantes. La propuesta fue rechazada por 11 votos frente a cuatro.
Ante esta negativa, el Ejecutivo central ha recurrido a una resolución ministerial para autorizar directamente la ocupación del espacio, amparándose en las competencias vinculadas a la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Puertos del Estado emitió previamente un informe sobre la operación en el que advierte de que la ocupación puede incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la propia actividad portuaria.
No obstante, el organismo considera que concurren razones de interés general que justifican la autorización, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la protección de las instalaciones y la continuidad de la actividad ordinaria del puerto.
El Ministerio de Transportes sostiene que existen razones de especial relevancia vinculadas a la seguridad nacional y la protección de la ciudad autónoma, así como a la atención de las personas afectadas por la situación de crisis.
El Ejecutivo considera además que la ocupación permitirá disponer de medios adecuados para desarrollar funciones públicas relacionadas con la atención humanitaria y la gestión de la situación generada tras la llegada de migrantes a Ceuta.
La resolución establece así un marco temporal para habilitar instalaciones de emergencia dentro del recinto portuario, pese a la oposición expresada por los órganos de gestión de la infraestructura, la administración local y los representantes sindicales.
La actuación se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias de las entradas migratorias de finales de julio y garantizar la atención humanitaria mientras continúa la situación de emergencia en la ciudad autónoma.
