Los efectos de la regularización masiva de inmigrantes en España cada vez son más manifiestos. Tal es el caso de la huella dejada por la inmigración ilegal en la Seguridad Social, cuyos compromisos económicos son cada vez más elevados en su proyección futura.

A través de una simulación que toma en cuenta los aportes realizados por los inmigrantes y el eventual retorno en pensiones que éstos tendrán con el paso del tiempo es posible vislumbrar que, por cada 15 años de aportes próximos al salario mínimo y otros 15 años de percepción de la pensión mínima, cada trabajador podría ingresar cerca de 75.000 euros y recibir unos 197.000 euros durante su jubilación.

La simulación divulgada por el medio estima que por cada euro ingresado en concepto de contingencias comunes y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el trabajador podría recibir aproximadamente 2,63 euros en pensiones.

En ese sentido, la diferencia entre ambas cantidades representaría un 163% más de lo aportado, convirtiendo a la Seguridad Social en una verdadero negocio redondo para los inmigrantes, que generarán una presión tremenda sobre el sistema a medida que envejezcan.

Hasta el 30 de junio, 159.097 inmigrantes se habían afiliado a la Seguridad Social como consecuencia directa del proceso, según datos del Ministerio de Inclusión. El 83,4% se incorporó al Régimen General y el 77,3% obtuvo un contrato indefinido. Los principales sectores de empleo fueron la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción, que concentraron alrededor del 61% de las altas.