Marruecos agita el “efecto llamada” contra España mientras abre sus fronteras a inmigrantes africanos
Marruecos ha decidido elevar el tono contra la política migratoria española utilizando uno de los conceptos más repetidos en el debate político sobre inmigración: el supuesto “efecto llamada”. El reproche llega, sin embargo, acompañado de una paradoja difícil de ignorar. Mientras representantes del Gobierno marroquí cuestionan que España facilite la regularización de personas extranjeras que ya residen en su territorio, Rabat lleva años desplegando una política de apertura hacia África que incluye exenciones de visado y procesos propios de regularización de inmigrantes.
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha cargado contra la regularización extraordinaria impulsada en España y ha defendido que medidas de este tipo pueden estimular nuevas llegadas. Sus declaraciones se producen además en un momento especialmente delicado en las relaciones entre los dos países, después de las últimas tensiones migratorias registradas en Ceuta y mientras Marruecos se aproxima a sus elecciones legislativas.
El argumento marroquí contrasta con la estrategia seguida por el propio reino alauí durante la última década. Desde 2014, Marruecos ha dejado progresivamente de ser únicamente un territorio de tránsito hacia Europa para convertirse también en destino de población procedente del África subsahariana. En ese proceso, las autoridades marroquíes han regularizado a más de 50.000 migrantes, muchos de los cuales se han incorporado a sectores como la agricultura, el turismo o la pesca.
A ello se suma una política de movilidad africana vinculada a la estrategia diplomática de Rabat. Marruecos ha eliminado la obligación de visado para ciudadanos de distintos países del continente, entre ellos Estados como Malí, Burkina Faso o Costa de Marfil, pese a que algunos de ellos figuran precisamente entre los territorios atravesados por importantes movimientos migratorios.
De la apertura africana al reproche contra España
La aparente contradicción tiene también una explicación geopolítica. Marruecos lleva años intentando reforzar su influencia política y económica en África. Su regreso a la Unión Africana en 2017 fue uno de los pasos más visibles de una estrategia que combina inversiones empresariales, acuerdos diplomáticos, cooperación y una política de movilidad más flexible con numerosos países del continente.
Rabat pretende presentarse como una potencia africana de referencia y convertirse en un enlace económico entre Europa, el Atlántico y el Sahel. Proyectos como la denominada Iniciativa Atlántica, impulsada por Mohamed VI para facilitar a países sin litoral del Sahel una salida hacia el océano, forman parte de esa estrategia.
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El discurso hacia España, sin embargo, se ha endurecido. Ouahbi ha sostenido que existe una incoherencia entre los esfuerzos de Marruecos para contener las salidas migratorias hacia Europa y las posteriores políticas españolas de regularización. El ministro ha llegado a plantear otras discrepancias bilaterales, incluida la cooperación judicial y el acuerdo de extradición, dentro de una escalada verbal que vuelve a colocar la inmigración en el centro de la relación entre Madrid y Rabat.
La tesis del “efecto llamada” tampoco encaja fácilmente con las condiciones establecidas por España para acogerse al último proceso extraordinario. La medida no regulariza automáticamente a quienes entren ahora en territorio español. El procedimiento estaba dirigido a extranjeros que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, por lo que las personas llegadas posteriormente quedan fuera del proceso. El Gobierno español ha insistido expresamente en este extremo ante las informaciones y mensajes que relacionaban las recientes entradas por Ceuta con la regularización.
El proceso extraordinario cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A esa fecha se habían tramitado 609.737 expedientes y cerca de 159.100 personas estaban ya afiliadas a la Seguridad Social como consecuencia del procedimiento.
La controversia revela así dos relatos distintos sobre un mismo fenómeno. Cuando la movilidad africana sirve para reforzar la posición diplomática y económica de Marruecos en el continente, Rabat apuesta por eliminar obstáculos, facilitar desplazamientos y convertir el país en polo regional. Cuando la política española afecta a ciudadanos extranjeros que ya se encuentran al otro lado del Estrecho, el lenguaje pasa a centrarse en el control fronterizo y el “efecto llamada”.
La política migratoria vuelve de este modo a convertirse en una pieza de una relación bilateral en la que prácticamente nada ocurre de forma aislada. Migración, cooperación policial, intereses económicos, Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental y la creciente ambición africana de Marruecos forman parte de un mismo tablero.
