Ignacio Andrade.- La situación de la vida española pone a prueba no solo al Gobierno, sino la resistencia misma de un Estado. Pocas situaciones serían tan devastadoras como la posibilidad de que el presidente de la nación estuviera siendo chantajeado por un país extranjero enemigo hasta el punto de verse obligado a cooperar con los intereses de ese mismo enemigo, incluso cuando estos pasan por una invasión.

Si las acusaciones que circulan fueran ciertas, estaríamos ante algo mucho más grave que una crisis política, un escándalo diplomático o una disputa entre partidos. Estaríamos ante un problema de seguridad nacional y de supervivencia institucional: un presidente sometido a una país extranjero con el que mantenemos abiertos numerosos litigios y un Estado incapaz de apartarlo de sus funciones.

El drama adquiere una dimensión casi insoportable cuando el supuesto chantaje no se limita a condicionar decisiones menores, sino que afecta a la política exterior, a la defensa nacional y a la respuesta del país frente a una agresión. Un presidente puede equivocarse, ser incompetente e incluso adoptar decisiones que una parte de la sociedad considere desastrosas. Pero otra cosa radicalmente distinta es que pueda actuar bajo la amenaza de un poder extranjero.

Un presidente que actuara bajo coacción extranjera dejaría de ser plenamente libre en el ejercicio de su cargo. Y un país gobernado desde el miedo al chantajista estaría, en la práctica, ante una forma de soberanía mutilada.

La paradoja más inquietante es que la democracia puede disponer de mecanismos para proteger al presidente frente a sus adversarios, pero no necesariamente de mecanismos ágiles para proteger al Estado frente a un presidente que, presuntamente, se podría haber convertido en rehén de una potencia extranjera. Es ahí aparece donde el agujero negro constitucional.

¿Qué ocurre cuando el máximo responsable político del Estado deja de poder garantizar que sus decisiones responden exclusivamente al interés nacional? ¿Qué ocurre si existen indicios graves de que una nación enemiga dispone de información, amenazas o material comprometedor suficiente para condicionar su voluntad? ¿Qué ocurre cuando, además, el ordenamiento no ofrece un procedimiento claro, rápido y extraordinario para apartarlo mientras se investiga? La respuesta no puede ser nada.

Una democracia no puede resignarse a contemplar cómo el responsable último de su política exterior o el titular de las decisiones más sensibles del Estado actúa bajo una supuesta presión extranjera, limitándose a esperar el siguiente proceso electoral.

La cuestión, por tanto, no debería reducirse a si el presidente merece confianza política. La pregunta es mucho más elemental: ¿puede garantizarse que sus decisiones son libres?

Si la respuesta fuera negativa, el problema dejaría de ser exclusivamente político para convertirse en un problema constitucional que afectaría a la seguridad y a la soberanía nacional.

La democracia española puede sobrevivir a un mal presidente, a un Gobierno incompetente, a una legislatura desastrosa e incluso a una profunda crisis política. Lo que resulta mucho más difícil de soportar es la posibilidad de que el poder de un Estado democrático esté siendo utilizado bajo la amenaza de un Estado enemigo.

Entonces aparece la segunda tragedia: descubrir que la Constitución quizá fue diseñada para proteger al presidente frente a abusos del poder, pero no para proteger al país frente a la posibilidad de que el propio presidente esté sometido a una potencia extranjera.

Si no existen mecanismos extraordinarios, judicialmente garantistas y sometidos al control parlamentario que permitan investigar de inmediato una situación así y, cuando proceda, suspender o apartar temporalmente al presidente, habrá que reconocer una incómoda realidad: el sistema tiene un punto ciego.

No se trata de inventar una destitución a medida ni de convertir las sospechas en condenas ni de utilizar la seguridad nacional como arma partidista. Precisamente lo contrario: se trata de crear procedimientos excepcionales que funcionen cuando la amenaza es excepcional, con pruebas, jueces, Parlamento, garantías y controles suficientes para impedir que ningún enemigo pueda pensar que basta con chantajear al ocupante de la Presidencia para poner de rodillas a todo un país.

Un Estado serio no puede depender de una sola persona cuando está en juego su seguridad. Más aún: si la única respuesta constitucional ante un presidente presuntamente condicionado por una potencia enemiga es esperar a que termine su mandato, entonces el problema no está únicamente en quien ocupa el despacho presidencial.

Una Constitución que no contempla cómo proteger a la nación cuando su máxima autoridad pudiera encontrarse bajo coacción extranjera contiene una paradoja peligrosa: protege el cargo, pero puede no proteger suficientemente al Estado que ese cargo debe servir.

La democracia no consiste en blindar al gobernante contra toda consecuencia. Consiste en blindar a la nación contra cualquier forma de poder sin control.

Y si algún día un país descubre que su presidente no puede actuar libremente porque una potencia enemiga tiene su voluntad secuestrada, no bastará con preguntarse quién lo chantajea sino algo mucho más incómodo: ¿Por qué nuestro sistema permitió que un presidente pudiera convertirse en rehén de un enemigo sin que existiera una vía constitucional clara para proteger al país?