Begoña Gómez y Pedro Sánchez de veraneo mientras España arde.

Tomás Gómez.- Después de una semana del ataque fronterizo, el presidente de Ceuta ha denunciado que aún permanecen en la ciudad autónoma 11.000 marroquíes y hay una nueva convocatoria en las redes sociales para que el 15 de agosto vuelvan a pasar la frontera irregularmente miles de personas, cuando todavía sigue sin esclarecerse la información de que disponía el Gobierno previamente a la crisis.

Desde Ceuta se denuncian agresiones sexuales a niñas, peleas entre menores por un poco de alimento, situaciones que vulneran los derechos humanos y un número muy insuficiente de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que el Gobierno denomina situación de normalidad es calificado como emergencia por los ciudadanos y autoridades locales.

Sánchez todo lo calcula en términos electorales y en Ceuta no se juega su próximo mandato porque se trata de pocos votantes, pero se equivoca despachando el asunto con tanta ligereza. Es inaceptable que el presidente del Gobierno no haya modificado sus vacaciones, porque la situación requiere un gabinete de crisis.

La visita que hizo fue fugaz, con el único objetivo de que hubiese foto para los medios de comunicación, mientras que ahora la máxima preocupación del gabinete de Moncloa se centra en ocultar las chanclas de playa que llevaba Sánchez en la fotografía en que posaba en su mesa de despacho en la residencia oficial de verano, intentando transmitir la imagen de un presidente trabajando.

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Pero la situación no debe estar tan controlada, desde el momento en que se obliga a las visitas de La Mareta a dejar sus teléfonos móviles antes de poder reunirse con Sánchez, con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de espionaje.

Esto apunta al temor a otro Pegasus y, por tanto, a que las relaciones con Marruecos están dañadas y que siguen sin hacerse públicas las causas de la crisis migratoria más grave que ha sufrido nuestra frontera en los últimos tiempos.

Sánchez ha confundido desde el principio cuál debe ser la política con Marruecos. España no puede construir su seguridad fronteriza sobre la expectativa de que Marruecos siempre tendrá los mismos intereses que nosotros.

La crisis ha vuelto a abrir el debate sobre la capacidad marroquí para ejercer presión sobre Ceuta y sobre la relación bilateral con España y el origen de la vuelta a la pretensión no es otra que la debilidad de la política exterior española.

Una socialdemocracia seria tiene dos obligaciones simultáneas: por un lado, proteger al vulnerable y, por otro, proteger la frontera. Cuando renuncia a cualquiera de las dos, deja de ser socialdemocracia de gobierno. El Estado social necesita un Estado capaz. Sin control territorial, capacidad administrativa y autoridad, tampoco puede garantizar derechos.

Por si fuera poco, la utilización política está siendo descarada. A Pedro Sánchez le interesa confrontar con la derecha más radical para movilizar a su electorado y Meloni es la mejor coprotagonista que podía encontrar.

A la primera ministra italiana le ha venido como anillo al dedo la negligencia del Gobierno español porque le da cancha para volver a agarrarse a la inmigración como bandera electoral a tan solo un año de las elecciones en Italia y, como consecuencia, la Unión Europea sufre una fractura interna de carácter histórico.

Desde Bruselas se señala que el Estado español es quién debe asegurar el espacio Schengen europeo, al mismo tiempo que desde la Unión Europea se mira con recelo la deficiente gestión de la crisis, la aparente poca capacidad del Gobierno para anticiparse al problema y a un presidente que prioriza sus vacaciones cuando en España se han vivido dos grandes crisis: los incendios que han arrasado millones de hectáreas y la gestión de la frontera con Marruecos que colapsó ante unos 100.000 marroquíes transgrediéndola.

La derecha se equivoca cuando convierte al inmigrante en enemigo. La izquierda se equivoca cuando convierte la frontera en sospechosa. La socialdemocracia debería ser capaz de proteger ambas cosas, tanto la dignidad de la persona como la autoridad democrática del Estado. Una frontera sin control no es progresista y un menor sin protección, tampoco.

La izquierda cometió un error cuando regaló a la derecha el concepto de frontera. Una frontera democrática no es un muro contra los pobres, es el lugar donde el Estado decide quién entra, donde protege a quien tiene derecho a protección y donde garantiza que ningún país extranjero pueda convertir seres humanos en instrumentos de presión.