AD.- En España hay verdades que solo pueden pronunciarse pagando un precio. Una de ellas es que existe un problema serio de absentismo, fraude y picaresca alrededor del mercado laboral. Feijóo lo ha dicho y, como era previsible, una parte del país político y mediático ha preferido escandalizarse por las palabras antes que discutir el problema. Siempre es más cómodo disparar contra el mensajero.

Reconocer que hay quien prolonga fraudulentamente una baja, quien cobra mientras trabaja en negro, quien rechaza un empleo porque la economía sumergida le resulta más rentable o quien convierte determinados permisos en una ingeniería de la ausencia obliga a aceptar una realidad incómoda: no todos los abusos proceden del empresario y no todos los trabajadores son víctimas por definición. Sostener esta obviedad parece haberse convertido en una herejía.

España ha construido durante años un discurso infantil en el que exigir responsabilidades es atacar derechos. El resultado es previsible: si desaparece el control, aparece el abuso, y donde el abuso no tiene consecuencias, termina convirtiéndose en costumbre.

¿Quién no conoce algún caso? ¿Quién no ha escuchado hablar del que está oficialmente incapacitado para trabajar pero extraoficialmente hace chapuzas? ¿Del que estira una baja todo lo posible? ¿Del que prefiere cobrar una ayuda y completar sus ingresos en B? ¿Del que conoce perfectamente todos sus derechos pero desarrolla una sorprendente amnesia cuando llega la hora de recordar sus obligaciones?

Naturalmente, la anécdota no sustituye a la estadística. Pero tampoco hace falta insultar la inteligencia de los ciudadanos. Una sociedad no puede responder eternamente a lo que ve en su vida cotidiana diciéndole que todo es una fantasía.

Dicho problema resulta todavía más irritante cuando afecta al sector público. Allí el dinero parece no ser de nadie porque, en realidad, es de todos. Cada abuso, cada ausencia injustificada y cada mecanismo utilizado fraudulentamente lo paga un contribuyente que se levanta por la mañana, trabaja y descubre que su obligación es financiar un sistema en el que exigir responsabilidades se considera casi una provocación.

Conviene dejar algo claro: esto no es un ataque contra los empleados públicos, los enfermos ni los trabajadores honestos. Es exactamente lo contrario. Los primeros perjudicados por el fraude son quienes cumplen.

Primero, el trabajador que está realmente enfermo necesita un sistema de bajas sólido y respetado. Segundo, el empleado público responsable necesita que no se le confunda con quien abusa. Tercero, el desempleado que busca trabajo necesita que las prestaciones conserven legitimidad. Y por último, el empresario que cumple la ley necesita competir en un país donde el fraude no resulte más rentable que la honestidad.

Pero para defender a todos ellos hay que hacer algo que la política española detesta: señalar al tramposo.

Durante demasiado tiempo hemos revestido la picaresca de simpatía nacional. El listo que engaña al sistema, el que “se busca la vida”, el que cobra por un lado y trabaja por otro o el que convierte una protección social en una oportunidad privada. Siempre aparece una justificación. Hasta que llega la factura y la factura la pagan los de siempre: el trabajador que no falta, el autónomo que cotiza hasta el último euro, la empresa que cumple, el funcionario que sostiene el servicio mientras otros desaparecen y el contribuyente que financia toda la maquinaria.

Un Estado del bienestar sin controles es más vulnerable, o más social, mientras que una sociedad que se niega a distinguir entre el derecho y el abuso termina debilitando los propios derechos que dice defender.

Por eso el debate abierto por Feijóo resulta necesario. Se podrán discutir sus palabras, exigir precisión en las cifras y reclamar que no se generalice. Todo eso es legítimo, pero lo que no resulta serio es fingir que el problema no existe porque reconocerlo rompe un relato ideológico demasiado cómodo.

España no necesita menos derechos laborales, sino menos fraude. España necesita proteger al enfermo y perseguir al que finge. Ayudar al desempleado y sancionar al que cobra mientras trabaja clandestinamente. Defender al empleado público y controlar al que utiliza el sistema como un catálogo de privilegios sin obligaciones. Eso no es atacar a los trabajadores. Es defender a quienes trabajan.

La verdadera injusticia no consiste en controlar al tramposo, sino en obligar al honrado a financiarlo.

Quizá esa sea la verdad que algunos no quieren escuchar: el mayor enemigo de un sistema de protección social no es quien denuncia sus abusos, sino quien los comete y quien, por cobardía, interés o sectarismo, prefiere mirar hacia otro lado.

Feijóo ha señalado el elefante en la habitación y ahora falta saber cuántos seguirán fingiendo que no lo ven.

1,6 millones de empleados faltan cada día al trabajo en España

Las cifras hablan por sí solas: 1,6 millones de empleados faltan cada día al trabajo en España, el 77 % por una baja médica o por una incapacidad temporal.

Pues bien, el Partido Popular ya trabaja en un plan para combatir el aumento de las bajas laborales en el último año y acabar con el absentismo laboral.

Este plan se centrará en tres ejes: los cambios a ejecutar por parte de la Administración Central, los convenios y los incentivos para premiar a las empresas con menos ausencias.

A pesar de las críticas del Gobierno y los sindicatos a las palabras de Feijóo, tildando de “cáncer” al absentismo laboral; Isabel Díaz Ayuso ha defendido al líder del PP asegurando que “tiene más razón que un santo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha cargado contra el Ejecutivo: “Me gustan mucho estos gobernantes ‘pijoteros’ (que) se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores”.