Zapatero y su presunto testaferro Julio Martínez.

La trama de tráfico de influencias liderada presuntamente por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acordó la creación de la empresa offshore radicada en Dubai para canalizar la mordida del rescate de Plus Ultra días antes de que el Consejo de Ministros decidiera otorgar el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea. La operación se gestó entre finales de enero y principios de marzo de 2021.

Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que imputa al exjefe del Ejecutivo y en el que se detalla que Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, establecieron el pago de un 1% de la cuantía total del rescate a una empresa detrás de la cual el magistrado sospecha que se encuentra en última instancia el expresidente.

De acuerdo con la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el contrato fue suscrito entre la empresa Idella Consulenza Strategica SL, representada por Martínez Martínez, y Plus Ultra el 19 de enero de 2021 para la creación de la mercantil denominada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

En ese contrato, dice el juez, Idella cobraría el 1% de los 53 millones de rescate, esto es, 530.000 euros. El 26 de enero de ese año, se habría producido una segunda reunión organizada por Zapatero a la que también acudieron su socio y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre del Gobierno de Dubai al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de Dubai, Landside Dubai Fzco, y un plan de negocios con fecha del 3 de marzo para la sociedad Landside Middle East Fzco, donde se preveían unas ganancias de tres millones de dólares en cinco años. El rescate de Plus Ultra se decidió en el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez el 9 de marzo.

En opinión de Calama, “estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

A partir de los informes que le ha remitido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el juez ha concluido la participación de otras personas en el proceso de constitución de la sociedad. Entre ellos está Cristóbal Cano, gestor de Zapatero y presunto miembro de la trama a un tercer nivel, quien actuó como director de administración para Julio Martínez Martínez en el marco de la estructura societaria investigada.

Cano, explica el auto, remitió a Martínez Martínez el 23 de febrero de 2021 un correo electrónico con el asunto “copia contrato honorario SEPI” y que contenía el contrato suscrito a finales de enero entre Idella y Plus Ultra. La duración del citado acuerdo venía “determinada por el tiempo” que tardara en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea, así como la remuneración del 1% más IVA del importe de la misma. También se determinaba que el plan de negocio era “ofrecer servicios de consultoría profesional a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en tener presencia y/o hacer negocios en Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de los Emiratos interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica”.

Del contenido de los correos electrónicos intervenidos a Julio Martínez Martínez, los investigadores estiman que Zapatero era quien ordenaba “gestiones y directrices a través de dos empleadas administrativas”, Gertrudis Alcázar —histórica secretaria del expresidente— y Judith Laure Wells Sutton, que daban “cobertura formal y documental a su actividad ilícita”.

De acuerdo con el auto del juez Calama, la investigación permite concluir que los miembros de esta presunta trama de tráfico de influencias tenían información privilegiada de que el rescate se iba a producir. “La capacidad de la red de influencia para acceder a información privilegiada quedó patente el 26.02.2021, cuando un intercambio de mensajes entre Julio Martínez Martínez y Camilo Ibrahim Issa, empresario y accionista de Plus Ultra, celebraba la concesión de la ayuda antes de la decisión formal del Consejo Gestor (02.03.2021) y de la aprobación definitiva (09.03.2021)

Desde el Gobierno restan importancia a esta apreciación y lo argumentan señalando que las filtraciones están a la orden del día y multitud de personas, incluidos periodistas, podían estar sobre aviso por la relevancia de la operación.

Desde Plus Ultra se han limitado a explicar que han tenido conocimiento del levantamiento del secreto de sumario de la causa y que está analizando el auto del juez “con el máximo rigor”. Al mismo tiempo, reitera su “total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, su “mensaje de respeto hacia el proceso judicial”, pero “evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre un procedimiento que requiere gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información”.