Rafael Bermúdez.- Todos los años, tras la campaña de la renta y casi como una «serpiente de verano», reaparece el debate sobre la balanza fiscal, impulsado en gran medida desde Cataluña. Pero rara vez se plantea la pregunta verdaderamente relevante: qué ocurre cuando ese análisis se traslada al nivel donde realmente se genera la actividad económica.

Esa reivindicación ha ido evolucionando hacia otra con un objetivo similar: el cumplimiento del principio de ordinalidad fiscal.

Este principio puede resumirse de forma sencilla —en línea con lo defendido en su momento por la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda—: aquellos territorios que más aportan al sistema no deberían situarse, tras la redistribución, por debajo de otras en términos de financiación efectiva.

Si este debate tiene sentido a nivel autonómico, surge una pregunta evidente: ¿por qué no trasladarlo al ámbito provincial, donde realmente se genera la actividad económica y se soporta la carga fiscal? Y es precisamente ahí donde Málaga ofrece un caso paradigmático: una provincia con una elevada capacidad de aportación que no encuentra un reflejo equivalente en la inversión pública.
Para situarla en contexto, Málaga es ya una de las grandes provincias económicas de España: sexta por población y entre las más dinámicas en creación de empresas y recaudación fiscal. En términos económicos, su PIB alcanzó los 50.000 millones de euros en 2025, lo que representa aproximadamente el 2,95% del total del país.

En paralelo, la recaudación fiscal en España marcó en 2025 un récord histórico, superando los 402.000 millones de euros en ingresos tributarios, con un crecimiento interanual superior al 10%.

En Málaga, la combinación de progresividad fiscal, inflación y dinamismo turístico ha disparado los ingresos tributarios hasta alcanzar su quinto récord consecutivo. La recaudación total ascendió a 6.358 millones de euros, un 15,6% más que en 2024, superando en cinco puntos el crecimiento medio nacional.

Destaca especialmente el comportamiento del IRPF, con un aumento del 17,8% frente al 10,1% nacional, y del Impuesto de Sociedades, que creció un 14,7% frente al 8,1% del conjunto del país.
Dinamismo

La fortaleza de Málaga en el Impuesto de Sociedades encuentra su explicación en el dinamismo empresarial. En 2025 fue la cuarta provincia en creación de empresas, con 6.271 nuevas sociedades, solo por detrás de Madrid, Barcelona, y muy próxima a Valencia. Málaga concentra el 5,6% de las nuevas empresas en España, muy por encima del 3,8% de Sevilla.

Ajustando por población, Málaga asciende al segundo puesto nacional, únicamente por detrás de Madrid, y claramente por encima de la media nacional (2,4 empresas por mil habitantes). Este dato sitúa a la provincia entre los territorios con mayor intensidad emprendedora del país, junto a Baleares o Alicante.

Sin embargo, también es interesante analizar la composición de los ingresos. Aproximadamente el 43% de la recaudación procede de la imposición directa sobre las personas físicas, lo que evidencia el impacto de la inflación en el sistema tributario.

En este sentido, la falta de deflactación del IRPF ha provocado un incremento de la recaudación en términos reales, al elevar artificialmente las bases imponibles. Este fenómeno —la conocida «progresividad en frío«— permite aumentar la recaudación sin subir impuestos de forma explícita, pero lo hace a costa del poder adquisitivo de los contribuyentes.

Diversos estudios sobre esfuerzo fiscal sitúan a España por encima de la media europea al relacionar presión tributaria y renta disponible. Como resultado, la parte de la renta que los españoles han dedicado a impuestos aumentó entre 2018 y 2024 en el 2% del PIB, mientras que en la UE disminuyó una media del 1,1%.

Esta situación contrasta con otras administraciones tributarias, como las haciendas forales vascas y Navarra, que sí han utilizado la deflactación del IRPF como mecanismo corrector frente a la inflación. En el primer caso, el porcentaje acumulado entre 2022 y 2026 ha ascendido al 15,3%, mientras que en el segundo ha sido del 10,9%.

La cuestión de fondo no es solo cuánto recauda un territorio, sino en si ese esfuerzo se traduce después en una financiación e inversión acorde con su peso económico y demográfico.

Frente a la transparencia de los datos de recaudación —publicados regularmente por la Agencia Tributaria—, resulta mucho más complejo acceder a información detallada, homogénea y actualizada sobre la inversión territorializada del Estado a nivel provincial. El último dato publicado en el portal de la Intervención General corresponde a junio de 2022 y se ofrece únicamente a escala regional.

Es muy significativo observar cómo, en la ordenación por provincias, al considerar la imposición directa, Málaga y Sevilla retroceden un puesto en favor de La Coruña como consecuencia de la tributación del Grupo Inditex en el impuesto de sociedades. Y en el caso de la imposición indirecta, se produce un efecto similar en favor de Zaragoza como consecuencia de la tributación en IVA e impuestos especiales de las empresas multinacionales ubicadas en el centro logístico Zaragoza Plaza.

Es precisamente en este punto donde el debate cobra todo su sentido: sin una visión completa de la relación entre lo que un territorio aporta y lo que recibe, resulta imposible evaluar si se cumplen principios básicos de equidad, tanto en términos de ordinalidad como de equilibrio territorial.
Opacidad

Y aquí aparece el verdadero problema: la opacidad en la información sobre inversión territorializada impide evaluar con rigor si existe o no un desequilibrio estructural. Ante la ausencia de datos oficiales homogéneos a escala provincial, la estimación debe construirse a partir de magnitudes nacionales y regionales comparables. El propósito de este texto no es detallar la metodología empleada, sino exponer las principales conclusiones del análisis.

El volumen de cotizaciones sociales en la provincia de Málaga se ha estimado en torno a 5.700 millones de euros en 2025. Si a esta cifra se añaden otros ingresos imputables al sector público estatal, junto con la recaudación tributaria, los ingresos totales de la Administración Central en la provincia se situarían entre 11.200 y 11.700 millones de euros.

Por el lado del gasto, el componente más relevante no es la inversión, sino al bloque de Seguridad Social y prestaciones. Una estimación razonable del gasto territorializado directo en Málaga se situaría entre 9.300 y 9.800 millones de euros, en línea con el peso de la población mayor de 65 años, el volumen de prestaciones sociales y los distintos subsidios existentes en la provincia. Por su parte, la inversión estatal se movería en una horquilla de entre 500 y 750 millones de euros.

A este volumen debe añadirse el gasto no territorializado —Defensa, Asuntos Exteriores, Alta Administración del Estado, órganos constitucionales o intereses de la deuda, entre otros— que, imputado según el peso demográfico de Málaga, alcanzaría aproximadamente entre 1.500 y 1.700 millones de euros.

Conjuntamente, estas magnitudes arrojan un saldo fiscal ligeramente positivo, estimado entre 200 y 400 millones de euros. Con todas las cautelas metodológicas, este resultado pone de manifiesto que Málaga, por su estructura productiva, nivel de empleo y elevada capacidad recaudatoria (IVA, IRPF y cotizaciones sociales), se sitúa próxima al equilibrio fiscal, con un carácter de territorio aportador en ejercicios de fuerte recaudación como 2024 y 2025.

No obstante, al comparar la inversión estatal estimada en términos relativos —ya sea por población o por PIB provincial—, Málaga presenta un posicionamiento desfavorable, perdiendo peso frente a otras provincias como Zaragoza, Tarragona o Murcia.

En consecuencia, el actual contexto inflacionario ha impulsado con fuerza la recaudación fiscal en Málaga, pero sin un reflejo equivalente en la inversión estatal.

El resultado es difícil de ignorar: Málaga es hoy una de las provincias que más aporta al sistema, pero no recibe una inversión acorde con su peso económico.

Abrir este debate no es una cuestión territorial ni política, sino de equidad. Y cuanto antes se afronte con datos y transparencia, antes podrá corregirse un desequilibrio que ya empieza a ser estructural.