Hazte Oír, en nombre de la acusación popular unificada, reclama que Begoña Gómez sea condenada a un total de 24 años de cárcel y que se cite a declarar a Pedro Sánchez en el juicio contra su esposa, según refleja el escrito de conclusiones entregado al juez Juan Carlos Peinado.

La acusación pide esta pena para la mujer del presidente del Gobierno por tres delitos tráfico de influencias (seis años) en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa; por la creación de la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.

Así como por los delitos de corrupción en los negocios (cuatro años), malversación de fondos públicos (ocho años) en relación al uso de Álvarez para sus intereses profesionales privados y la apropiación indebida (seis años) del software que compañías privadas desarrollaron para la cátedra extraordinaria de la UCM.

La asociación solicita para su asistente en Presidencia del Gobierno una sentencia a 22 años de prisión por malversación continuada de patrimonio público (ocho años) y, en concepto de cooperadora necesaria, por dos ilícitos de tráfico de influencias (cuatro años), corrupción en los negocios (cuatro años) y apropiación indebida (seis años) del software de la cátedra.

Insta a que el empresario Barrabés tenga que cumplir una pena de seis años de encarcelamiento por dos delitos de tráfico de influencias (dos años) y corrupción en los negocios (cuatro años).

Además, la acción popular en su conjunto interesa que les sean impuestas a los tres procesados una serie de medidas cautelares personales, tales como la prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, que se les retire el pasaporte y que estén obligados a comparecer dos veces al mes (los días 1 y 15) ante el juzgado. También ve preciso que presten fianza ante la Justicia para asegurar el pago de las posibles responsabilidades pecuniarias.

Entre la larga lista de testigos solicitados, figura el ministro socialista Félix Bolaños; el comisionista del “caso Koldo”, Víctor de Aldama; el que fuera principal asesor de Sánchez, Iván Redondo; el expresidente de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili; el antiguo presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el ex de Indra Marc Murtra; la ex CEO de Google en España Fuencisla Clemares, y la que fue máxima responsable de Wakalua, Leticia Lauffer.

“Influencia ante la Administración”

Siguiendo la estela del relato de hechos e indicios delictivos en base a los que el juez Peinado la procesó, Hazte Oír apunta a que la trayectoria profesional de Gómez sufrió “un giro radical” desde que su esposo asumió la jefatura del Ejecutivo en el verano de 2018.

Ella, con “plena consciencia de ello” y “voluntad”, “aumentó su proyección institucional”, “su capacidad de influencia ante la Administración y sectores privados” y