El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular en España, medida impulsada por el Gobierno, ha comenzado rodeado de polémica tanto a nivel nacional como europeo.

Desde primeras horas de este viernes, la imagen en el Consulado de Marruecos en Madrid ha sido clara: decenas de personas haciendo cola para tramitar certificados de antecedentes penales, un documento imprescindible para iniciar el proceso.

La situación no se limita a la capital. En distintos puntos del país, especialmente en municipios como Alcalá de Henares, los servicios de empadronamiento han recibido una avalancha de solicitudes que amenaza con colapsar los recursos municipales.

“Todas estas personas vienen de golpe, como ya nos pasó ayer cuando arrancó la regularización”, expone Isabel Ruiz, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en referencia a la sede de Servicios Sociales a donde han acudido numerosas personas a solicitar el certificado de vulnerabilidad.

Ante este incremento de demandantes, Ruiz añade que “aquí no hay recursos, el Gobierno no nos ha puesto más personal, trabajadores sociales para poder afrontar esta situación”.

“Aquí no hay recursos, el Gobierno no nos ha puesto más personal para poder afrontar esta situación”, añadió.

“Ahora les vamos a explicar a todos ellos su situación. Los que están empadronados en la ciudad tienen derecho a solicitar su cita para que se les haga ese certificado. A las personas que no están empadronadas no las conocemos, no sabemos su situación, y para dar esos certificados hay que cumplir unos requisitos objetivos. Es muy complicado todo esto”, explica la concejala complutense.

“Estos quince días el padrón sí que se ha colapsado, porque la gente ha ido a por su certificado de empadronamiento”, requisito previo e imprescindible para solicitar el certificado de vulnerabilidad. “Una vez que tienes el padrón ya puedes venir a solicitarlo”.

Mayor coordinación con el Gobierno

Frente a este escenario, varios consistorios reclaman mayor coordinación con el Gobierno central para poder hacer frente al incremento de trámites administrativos.

El Ejecutivo, por su parte, ha puesto en marcha el procedimiento sin concretar aún cuántas regularizaciones se concederán finalmente. Desde este viernes, los solicitantes pueden iniciar los trámites tanto de forma telemática como solicitando cita previa presencial.

Recurrir el proceso ante el Tribunal Supremo

Mientras tanto, la medida sigue generando división política. Ocho comunidades autónomas estudian recurrir el proceso ante el Tribunal Supremo, lo que añade más incertidumbre a un plan que ya está teniendo un fuerte impacto en la administración local.

Las escenas de largas colas, sistemas saturados y oficinas desbordadas se han repetido en toda España, reflejando la alta demanda de un proceso clave para miles de personas que buscan regularizar su situación en el país.