El Tribunal Supremo ha iniciado este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 noviembre, han sido trasladados en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), mientras que Aldama, el único de los tres en libertad, ha llegado al alto tribunal a pie junto a su abogado.

Los tres acusados declararán al final del juicio, previsiblemente el próximo 28 de abril. Para el primer día están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama o una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.

El exministro, su exasesor y Aldama tienen por delante trece días de juicio –repartidos en cuatro semanas hasta finales de abril– y han sido ubicados dentro del Salón de Plenos, donde ya se celebró el juicio del ‘procés’, una fila detrás de sus respectivos abogados.

Ábalos y Koldo, que en sus escritos de defensa dicen no haber cometido ningún delito, se han sentado juntos y escoltados por policías que les separan de Aldama en el banquillo de los acusados.

ÁNIMO DE ENRIQUECIMIENTO

La Fiscalía Anticorrupción considera que Ábalos, Koldo y el empresario “convinieron” aprovecharse del cargo del entonces ministro, que fue nombrado en junio de 2018 titular del Ministerio de Fomento, después denominado de Transportes.

El fiscal jefe, Alejandro Luzón, sostiene que se unieron para “favorecer”, “a cambio del correspondiente beneficio económico”, la contratación con la Administración “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” el empresario. Todo ello, a su juicio, con “ánimo de enriquecimiento”.

Anticorrupción remarca en su escrito de acusación que los tres “acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”.

También destaca que eran “apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios” de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.

E incide en que la presunta organización nació “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, ya que “estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida” de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

PETICIONES DE HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

Para Luzón, esa “cohesión” entre los tres “no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación” a Aldama de una “interlocución privilegiada” en sus relaciones con Transportes y “otros departamentos ministeriales”, así como con “diferentes administraciones públicas”.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario y presunto conseguidor piden la misma pena que el fiscal.

Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los acusados “asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz”, y apunta que tanto Koldo como Aldama “consideraban” a Ábalos como “el jefe”.

Luzón indica que el exministro “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa”. Para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo como “su hombre de confianza”.

Tanto es así que, a juicio de la Fiscalía, Koldo se convirtió “más en asistente que en asesor”, pues “desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.

“Koldo García fue el ‘alter ego’ de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor”, describe Luzón.

En concreto, pone el foco en que “Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando ‘de facto’ como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”.

LA “INTERLOCUCIÓN PRIVILEGIADA DE ALDAMA”

Por su parte, Aldama es definido por Anticorrupción como “un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos”, remarcando su “acceso preferente” al exministro.

Esa “interlocución privilegiada” por parte de Aldama le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en plena pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar los contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear.

La Fiscalía asegura que Aldama “era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo”.

Así, Luzón repasa las presuntas contraprestaciones que habrían recibido por parte de Aldama y sus socios, empezando por “el pago continuado de elevadas cantidades de dinero” –10.000 euros mensuales– y siguiendo por alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también contratadas por empresas públicas.

MÁS DE 70 TESTIGOS

Hasta el próximo 30 de abril, más de 70 personas desfilarán como testigos ante el tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Entre esos testigos están el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que presidieron durante la pandemia comunidades autónomas –Canarias y Baleares, respectivamente– que compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

Aunque en sus casos el tribunal ha autorizado que declaren por escrito, sin acudir presencialmente, como les permite la ley.

Los magistrados que celebrarán el juicio serán Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.