Carlos Pollán, candidato de Vox en Castilla y León, junto a Abascal en el Parador de Gredos

Vox es un partido que atesora grandes paradojas. Exige cortar el grifo de las subvenciones a los sindicatos a la par que financia con recursos del Estado a su propio sindicato, Solidaridad. Clama a los cuatro vientos contra los «chiringuitos», pero en su galaxia cada vez gravitan más sociedades y fundaciones que, según los críticos, tienen una contabilidad dudosa.

Plantea el cierre de televisiones autonómicas y es el Consejo de Administración de Canal Sur –es decir, un ente público– el que sufraga parte del salario de su responsable nacional de prensa. Una práctica que se convierte en norma para no tener que soltar la guita a los emisarios que envía a los territorios para «espiar» a sus barones.

Y es que Vox trata de situarse en los márgenes del sistema, con un puritanismo escolástico a la hora de repudiar la política como medio de vida. La realidad, sin embargo, es que su líder no conoce otro empleo. Y son precisamente las prebendas del sistema las que ahora le permiten tener en Castilla y León a un jefe de campaña que está en nómina no de la formación, sino de la Presidencia de las Cortes, que todavía ostenta el candidato, Carlos Pollán.

En este caso concreto Vox no es una excepción en España, ni mucho menos. La mayoría de los partidos tienen repartidos en puestos institucionales a personas que luego desempeñan funciones orgánicas. La diferencia es que no todos están en misa y repicando.

Javier García Pérez, responsable de la campaña de Pollán, desembarcó en Vox procedente de una emisora de radio. Su valedora fue Montse Lluis, secretaria general adjunta y representante territorial de Kiko Méndez-Monasterio, el factótum de Santiago Abascal que ni está afiliado y ni siquiera tiene un cargo en el partido.

Un sueldo de más de 3.700 euros al mes

El primer desempeño de Javier García Pérez en política tuvo lugar en la Consejería de Cultura, donde estuvo como jefe de prensa hasta julio de 2024, mes en el que se disolvieron los gobiernos autonómicos. Días después, en agosto, se incorporó como «asesor en la Oficina del Presidente», con sueldo bruto de 3.725,30 euros al mes.

Sin embargo, Montse Lluis, que fue una pieza clave en el equipo del entonces vicepresidente de Castilla y León (muy a pesar de este, porque aquello acabó peor que mal), decidió encargar al asesor de Pollán, presidente de las Cortes, funciones alejadas de la institución y centradas en la vida orgánica de Vox, no en la región, sino en toda España.

De hecho, ni siquiera tenía su residencia en Valladolid. Y se pasaba los días viajando de una punta a otra para resolver enredos internos. Por ejemplo, en Ciudad Real. O en Santander, donde lo enviaron para mediar en la crisis que estalló dentro del grupo en el Parlamento de Cantabria y que se saldó con la salida de un diputado.

Según distintas fuentes de Vox, vivía «entre Madrid y Toledo». Este diario se ha puesto en contacto con García Pérez para contrastar su lugar de residencia y si ha habido alguna mudanza reciente –puesto que actualmente lleva la campaña de Pollán–, pero no ha recibido respuesta alguna.

«La misión de Javier era ser, en el ámbito territorial de Castilla y León, el delegado de Montse Lluis. El problema es que no prestaba servicio a la oficina de presidencia de las Cortes y extendía su ámbito de actuación a otras comunidades autónomas», inciden desde el partido. Como Antonio Candel en la Región de Murcia. O Pilar González en Aragón. Ha sido ahora, que su superior jerárquico deja un puesto institucional donde los haya para ser candidato, cuando ha volcado su actividad profesional en él.

La Razón