La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha pactado de nuevo sin el respaldo de los empresarios, que son quienes lo pagan. El acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos eleva este año el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Sobre el papel, la medida pretende proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con mejor cualificación. Sin embargo, la realidad para miles de microempresas y pequeñas y medianas compañías es muy distinta. Ese salario bruto se traduce, al sumar cotizaciones y costes asociados, en más de 1.700 euros mensuales por trabajador. Para muchos negocios con márgenes estrechos, la cifra supone un esfuerzo difícil de absorber.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, el SMI acumula una subida del 60%. El ritmo de los incrementos ha sido celebrado por las centrales sindicales, pero cuestionado por diversos organismos. Informes del Banco de España y algunos estudios encargados por el propio Ministerio de Trabajo han advertido del impacto negativo que estas alzas pueden tener sobre el empleo, especialmente en sectores vulnerables. Autónomos con empleados, pequeñas empresas de hostelería, explotaciones agrarias, negocios vinculados a los cuidados o empleadores del hogar figuran entre los más expuestos. También los jóvenes, tradicionalmente el colectivo con mayores dificultades de inserción laboral, ven reducidas sus oportunidades si las empresas frenan contrataciones o recortan plantilla. A todo ello se suman otros factores que tensionan las cuentas empresariales: el aumento de las cotizaciones sociales, que en los últimos años se aproxima al 30%; la inflación acumulada; el encarecimiento energético; y la adaptación a nuevas obligaciones regulatorias. Muchos empresarios sostienen que el problema no es solo el salario en sí, sino el conjunto de cargas que lo rodean.

Además, algunos expertos alertan de una anomalía creciente: el SMI se acerca cada vez más al salario más frecuente en España. En paralelo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social gestiona un Ingreso Mínimo Vital que, en determinados supuestos, supera en un 20% el salario más habitual, lo que para algunos analistas claramente desincentiva la búsqueda de empleo. El resultado es un debate abierto sobre el equilibrio entre protección social y rentabilidad empresarial. Mientras el Gobierno defiende que la subida dignifica el trabajo y reduce la desigualdad, una parte significativa del tejido productivo advierte de que sin empresas viables no habrá empleo que proteger. No podemos olvidar que España continúa encabezando, incluso sin maquillaje, las tasas de paro general y juvenil en la Unión Europea.