La regularización masiva anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez va a suponer legalizar a 1’2 millones de inmigrantes ilegales, casi 3 veces de la cifra anuncia por ejecutivo, que hablaba de regularizar a 500.000. Lo publica el digital El Español. Son datos recogidos por el informe del comisario de Extranjería del propio gobierno.

Alerta de efectos negativos significativos: riesgos de seguridad ciudadana y amenazas para la seguridad nacional, tensiones sociales y ‘efecto llamada’.

Los sindicatos policiales hablan de coladero y de paraíso para las mafias, mientras en Cataluña, para regularizarlos será obligatorio saber catalán, lo que hace casi imposible regularizar a ninguno. Ayuso denuncia que es ilegal y xenófobo y anuncia medidas legales contra Pedro Sánchez.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar legislando “a ciegas” con su anuncio de la regularización masiva de inmigrantes y le ha cuestionado que asegura que todo este proceso saldrá gratis.

Ezcurra ha criticado que España se encuentre ante “la mayor operación de regularización masiva de toda Europa”, en tanto que la voluntad del Ejecutivo es conceder residencia “prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular”.

De hecho, basta con acreditar o que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud, lo que, a juicio de la dirigente ‘popular’, supone “todo un nicho para el fraude documental”.

En concreto, Ezcurra ha cargado contra la ministra Elma Saiz por que sostenga que afectará a 500.000 personas, “cuando organismos independientes hablan de 900.000 y la propia Policía Nacional lo ha elevado a 1,2 millones”.

“¿Qué estamos, legislando a ciegas?”, se ha preguntado retóricamente.

Aún con todo, la vicesecretaria ‘popular’ considera que “lo más grave” no es este punto, sino que con la mera presentación de la solicitud “se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones”.

“Es decir, quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales porque el Gobierno lo ha sustituido por una declaración responsable”, ha denunciado.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, ha defendido que la izquierda intenta que “3 millones de extranjeros puedan entrar en territorio nacional, ser regularizados e incluso obtener la nacionalidad española en muy poco tiempo”.

El europarlamentario ha opinado que la izquierda busca este tipo de iniciativas porque “los que están aquí”, en referencia a los asistentes a las carreras de galgos, “no les votan” porque “están hartos de ellos”.