Hace unos días, la AIReF puso el dedo en la llaga sobre un problema frente al cual no parecía existir interés ni por parte del Gobierno ni de los sindicatos: la incapacidad temporal. Tras poner negro sobre blanco la magnitud de un fenómeno que totalizó en 2025 9,1 millones de bajas laborales por enfermedad común, el Ejecutivo ha decidido finalmente crear un observatorio con el objetivo de introducir algo de orden.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la incapacidad temporal es ya el segundo mayor gasto de la Seguridad Social, nada menos que 16.500 millones de euros solo para el erario público. Entre 2017 y 2024 ha aumentado un 60%, con una clara reiteración de las bajas y con el agravante de que entre el 50% y el 65% de los convenios colectivos retribuyen íntegramente esos días. Es decir, el trabajador no percibe ningún recorte en su nómina, lo que reduce cualquier incentivo para un uso responsable.

Otro dato especialmente llamativo, que además nos sitúa a la cabeza de Europa, es que en 2025 una media de 1,5 millones de trabajadores no acudió cada día a su puesto de trabajo. De ellos,1,2 millones estaban de baja médica y otros 300.000 simplemente no acudían, con un coste estimado de 45.000 millones de euros anuales. El absentismo laboral se ha convertido en el gran problema de las empresas. Precisamente, esta semana la Confederación Nacional de la Construcción ha publicado que en este sector se perdieron el año pasado 113 horas por asalariado, tres semanas de trabajo por empleado.

Habrá que ver si este observatorio, cuya puesta en marcha llevaba dos años guardado en un cajón mientras el problema no deja de crecer, sirve realmente para atajar esta forma de actuar de una parte significativa de los trabajadores. No es casualidad que las bajas laborales se concentren entre quienes tienen contrato fijo o trabajan por cuenta ajena y suban en periodos de bonanza económica. Además, las que más sufren son precisamente las empresas más pequeñas que soportan dos tercios de los costes. Sin olvidar por supuesto el impacto negativo que genera sobre la productividad, otro gran problema de la economía española, la rentabilidad de las propias empresas y el coste en forma de impuestos y cotizaciones para los ciudadanos.