El Gobierno de España se esfuerza en desacreditar cualquier bajada de impuestos, pero la realidad no se cansa de desmontar ese discurso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF para contribuyentes de rentas bajas y medias, que se aplicará en la declaración de la renta de 2027 y que supondrá un ahorro superior a los 500 millones de euros para los madrileños. No es una apuesta ideológica, sino una política con resultados contrastados.

La anterior rebaja fiscal en Madrid no solo no redujo los ingresos, sino que generó cerca de 900 millones adicionales. Un dato incómodo para un Gobierno central que lleva años disfrutando de una recaudación récord sin precedentes.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, los ingresos extra han superado los 30.000 millones de euros, hasta el punto de que la recaudación total desde entonces, equivalen prácticamente a dos IRPF completos. Sin embargo, ese aumento no ha servido para sanear las cuentas públicas. Al contrario: el Estado sigue gastando muy por encima de lo que ingresa, acumulando un déficit cercano a los 50.000 millones de euros. La consecuencia directa es una deuda pública que crece a un ritmo de 137.000 euros por minuto. Solo el pago de intereses consume ya unos 40.000 millones del presupuesto anual, recursos que no se destinan a mejorar el ferrocarril, las carreteras, la sanidad o la educación.

A esta presión fiscal se suma otro elemento clave: el Gobierno se ha negado a deflactar el IRPF conforme a la inflación. Esa decisión ha supuesto, de facto, una subida encubierta de impuestos de unos 40.000 millones de euros, que ha devorado las subidas salariales y empujado a cientos de miles de familias a la asfixia económica o directamente a la pobreza. Frente a este modelo, Madrid y otras comunidades demuestran que bajar impuestos no es irresponsable. Al contrario: aumenta la renta disponible de los hogares, dinamiza el consumo, impulsa la actividad económica, eleva los beneficios empresariales y crea empleo. Y, paradójicamente, también incrementa la recaudación. El problema no es solo cuánto se ingresa, sino cómo y en qué se gasta. Mientras el Gobierno critica las rebajas fiscales ajenas, sigue batiendo récords de presión fiscal, deuda y despilfarro. Y esa factura, como siempre, la acaban pagando los ciudadanos.