La Tribuna del País Vasco.- Hay Gobiernos que cometen errores. Y hay Gobiernos que convierten el error en sistema. El accidente ferroviario de Adamuz, con decenas de personas muertas y centenares de heridos, no es un infortunio aislado ni un episodio imprevisible. Es el resultado lógico, casi mecánico, de un poder que, mientras vende España al mejor postor, ha abandonado el deber esencial de cualquier Estado: cuidar la estructura y la infraestructura material que sostiene la vida colectiva.

Durante meses —no días, no semanas— los trabajadores ferroviarios han advertido del deterioro de las infraestructuras ferrovarias, de la falta de inversión real, de los mantenimientos aplazado, del agotamiento de un sistema sometido a la propaganda presupuestaria y al más absoluto abandono operativo. No eran profecías. Eran avisos. Avisos que el Gobierno socialista decidió ignorar, mientras invertía (camuflándolo como préstamos) miles de nuestros millones en infraestructuras ferroviarias en Vietnam, Egipto o Marruecos.

El Ejecutivo miserable del tirano Pedro Sánchez no gobierna, resiste; no gestiona, reacciona; no previene, niega siempre la mayor y, en caso de problemas, balbucea estupideces sobre la “extrema derecha”.

Mientras las vías envejecían, los sistemas se tensionaban y los profesionales alertaban, el Ministerio de Transportes, dirigido por un sinvergüenza como Óscar Puente, se transformaba en un plató ideológico permanente. Su titular eligió el combate en las redes sociales como sustituto de la gestión pública, la provocación como cortina de humo, la agresión como forma de hacer política y el sarcasmo burdo como estrategia de Estado. Gobernar un país no es agitar Twitter. Y menos aún cuando se administra una de las redes ferroviarias más complejas de Europa.

Pero sería un error —una coartada— reducir esta catástrofe a un ministro concreto o a su antecesor hoy encarcelado por corrupción. La responsabilidad última de la negligencia tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez. Bajo su mandato, dedicado a vender el país a las élites más crápulas de Occidente, se ha consolidado un modelo de poder anómico, donde la propaganda sustituye a la realidad, y el Estado se disuelve en un aparato de comunicación sincronizada y permanente al servicio de la mentira y la infamia.

Apagones eléctricos. Colapso de infraestructuras hidráulicas ante las DANAs. Destrucción mal gestionada tras catástrofes naturales. Deterioro ferroviario. Aeropuertos arrasados por la suciedad. La lista no es casual. Es estructural. Es el patrón de un Gobierno en manos de una mafia socialista, corrupta y criminal, incapaz de planificar, incapaz de anticipar, incapaz de asumir límites.

Las infraestructuras no colapsan por ideología, pero sí por un desprecio ideológico hacia la gestión. Cuando el poder prioriza la ingeniería social sobre la ingeniería real; cuando se invierte más en un relato de ficción que en un mantenimiento de verdad; cuando se confunde la sostenibilidad con eslóganes vacuos y el progreso con anuncios ridículos, el resultado es siempre el mismo: fallos, víctimas, silencio oficial y comisiones posteriores de investigaciones formadas por canallas siempre bien pagados con los recursos económicos de todos.

El Gobierno ya ha activado su protocolo habitual: mensajes huecos, llamadas a la calma, promesas de investigación independiente y la consabida frase de “no se podía prever”. Es falso. Se podía prever. Se advirtió. Se ignoró. No hablamos aún de responsabilidades penales. Pero lo haremos. Hablamos de algo anterior y más grave: la responsabilidad moral de un poder progresista que ha permitido la degradación del país real mientras blinda su permanencia política destruyendo todo y a todos a su alrededor.

Un Estado serio entiende que las infraestructuras son una cuestión de seguridad nacional. Un Estado decadente las convierte en un decorado. España, bajo este Gobierno, ha elegido lo segundo. Adamuz no es solo un accidente. Es una acusación histórica. Es el momento en que la desidia deja de ser abstracta y se convierte en tragedia. Y cuando eso ocurre, ya no bastan los minutos de silencio, los días de luto ni los comunicados institucionales. Hace falta asumir lo que este Ejecutivo se niega a reconocer desde hace años: que su incapacidad no es neutra, y que sus consecuencias se pagan con vidas reales.

La historia no absolverá a quienes confundieron gobernar con resistir y gestionar con agitar. Y los ciudadanos tampoco deberían hacerlo.