Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro

La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno –‘caso Koldo’, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez– ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en “apuntalar” la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.

La querella se basa en la actualización de la acusación a la que se enfrenta Maduro ante las autoridades judiciales en Nuevo York, y sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El órgano judicial deberá ahora turnar esta querella, y el juez instructor al que le corresponda podrá solicitar informe a la Fiscalía antes de decidir si la admite a trámite o rechaza de plano.

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el “indictment” (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista.

Sostienen que la actuación de Rodríguez Zapatero “no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar” la operativa de la estructura criminal atribuida a Maduro, reforzando su “capacidad de actuación su cobertura exterior y su continuidad”.

Más allá de la diplomacia

La querella añade que “consta de manera pública, notoria y reiterada que el querellado mantuvo durante años una interlocución directa con Nicolás Maduro, incluso en los periodos de máxima presión internacional sobre el régimen venezolano, cuando ya pesaban sobre estas acusaciones formales por narcotráfico”. Este apoyo se materializó en encuentros personales, gestiones políticas, declaraciones públicas de respaldo y actuaciones de mediación internacional que a juicio de esta organización “exceden con mucho el marco de una diplomacia informal o neutral”.

Así, aporta documentos para acreditar varias reuniones en Caracas (en el Palacio de Miraflores el 19 de mayo de 2016, el 13 de julio de 2016 y el 16 de noviembre de 2017) así como citas también se registran citas en la residencia presidencial de La Casona el 20 de febrero de 2017 y el 19 de enero de 2023, además de encuentros de alto perfil en el Palacio de Miraflores el 7 de febrero de 2020 y el 3 de octubre de 2022. A ello, los querellantes suman las frecuentes estancias en la capital venezolana de Rodríguez Zapatero durante procesos electorales, como las de mayo de 2018, diciembre de 2020 y julio de 2024, “donde mantuvo contactos directos con la cúpula chavista”.

La querella añade que, al convertirse en un mediador de confianza, como ha reconocido el propio Maduro en intervenciones públicas, el expresidente español “se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos”.

Beneficio económico

Además, Hazte Oír incide en otras actuaciones de naturaleza económica publicadas en prensa, y que apuntan a que Zapatero sirvió de nexo entre Maduro y “un empresario español al que presentó ante las autoridades venezolanas como su “sobrino” para impulsar la creación de una Bolsa Descentralizada de Venezuela, un proyecto financiero diseñado para la recaudación de divisas en un contexto de grave crisis económica y de aislamiento financiero del país latinoamericano.

A partir de este punto, la querella alude al “entorno patrimonial y empresarial” vinculado al expresidente y a sus familiares, “pues los mismos han estado en relación sostenida con el mercado venezolano y con entidades u operadores económicos vinculados al régimen, de modo que la evaluación de la evolución económica de su entorno familiar, entre ellas la sociedad Whathefav S.L., propiedad de sus hijas (Laura y Alba Rodríguez Espinosa)”.

Para aludir a este incremento patrimonial, la querella se basa en publicaciones periodísticas que apuntan a que patrimonio inmobiliario del matrimonio y de sus hijas habría pasado de un valor aproximado de 38.000 euros en 2011 a superar los 3,7 millones de euros en bienes inmuebles adquiridos en los años posteriores, “incluyendo varios chalets de lujo y pisos en distintas localizaciones, con un valor agregado que incluso podría aproximarse a los seis millones de euros si se computan determinados inmuebles de uso residencial no formalmente titularizados por el propio querellado”, agrega. Y sitúa este incremento partir de 2014 y 2015, periodo que coincide con el inicio y la intensificación de su actividad como interlocutor político y mediador internacional del régimen venezolano.

La querella se cierra aludiendo a actividades de Rodríguez Zapatero como presidente, como la venta de armamento a Venezuela por valor de 1.000 millones de dólares que supusieron un “fortalecimiento de lazos económicos con PDVSA (Petróleos de Venezuela)” o el nombramiento como embajador de Raúl Morodo, condenado el pasado diciembre por la propia Audiencia Nacional por ocultar beneficios de dicha petrolera, así como a otras relativas a la venta de un inmueble. Igualmente, alude a conversaciones intervenidas en el marco del caso Koldo — entre el propio Rodríguez Zapatero y el exministro de Transportes José Luis Ábalos “que mostraban la cercanía del expresidente con Delcy Rodríguez y su papel en las relaciones con Cuba y Venezuela”, continúa el escrito.

Por su parte, Manos Limpias, también personada en varias causas contra el entorno de Sánchez, ha denunciado ante la embajada de EE.UU que tanto Rodríguez Zapatero como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “están dando cobertura a dos altos cargos del chavismo acusados de torturas”, como son el antiguo director de la Agencia Venezolana de Inteligencia, Miguel Rodríguez Torres, y la exfiscal general Luisa Ortega.