El discurso de Navidad de Felipe VI ha dejado una sensación inquietante: la de un rey que habla de convivencia, de respeto institucional y de valores democráticos mientras parece no ver —o no querer ver— la corrupción que rodea al actual Gobierno. No es una cuestión de matices ni de interpretación forzada. Es una comparación directa con sus propias palabras del pasado lo que pone al descubierto una evidente asimetría.

En 2014, con el Partido Popular en el poder, Felipe VI no tuvo reparos en señalar la corrupción como una amenaza directa a la credibilidad de las instituciones. Habló entonces de ejemplaridad, de regeneración y de la necesidad de atajar conductas que erosionaban la confianza de los ciudadanos. Aquel mensaje fue leído como un gesto de autoridad moral y como una advertencia clara a la clase política.

El rey no se escondía tras generalidades: sabía que su papel constitucional no es gobernar, pero sí alertar cuando el sistema se degrada.

Bajo un lenguaje cuidadosamente aséptico, el mensaje real evitó cualquier incomodidad al samchismo, confirmando una vez más que la Corona prefiere la neutralidad aparente antes que la responsabilidad moral.

La insistencia en una neutralidad que nunca es tal resulta especialmente problemática. La Corona no es un actor externo al sistema político, sino una pieza central de él. Ni una palabra sobre los escándalos de corrupción, ni sobre la falta de mecanismos democráticos que sirvan de contrapeso a la deriva autocratica de Sánchez. El silencio no es prudencia: es omisión.

Mientras el discurso siga siendo un ritual blindado contra la crítica frente a los que amenazan la existencia misma de España, seguirá creciendo la sensación de que la institución habla desde el país, pero no para el país. Y esa distancia, lejos de proteger a la Corona, la debilita.