Las empresas investigadas en el caso SEPI elevaron de forma repentina sus ingresos durante el período que se investiga en los tribunales. Para cobrar las presuntas mordidas, la red corrupta utilizaba una empresa, Mediaciones Martinez SL, con ningún trabajador, que en solo un año consiguió multiplicar por 10 sus ingresos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sospecha que Leire Díez, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández y el empresario de Servinabar, Antxón Alonso, consiguieron 750.000 euros en comisiones por amañar ayudas públicas millonarias.

Los tres habrían actuado de manera coordinada con el objetivo de “obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” a través de “contratación y facturación mendaz”, y canalizando los fondos.

Mediaciones Martinez SL era la empresa que utilizaba la trama para cobrar las mordidas. La sociedad no tenía empleados y su sede estaba en el mismo piso que otras 50 empresas.

Aún así según ‘El Mundo’ pasó de ingresar 47.000 euros en 2022 a más de medio millón un año después.

Entre las gestiones habrían facilitado el rescate de la SEPI a Tubos Reunidos por más de 112 millones de euros a cambio esta empresa habría pagado 5.000 euros mensuales a la trama mediante falsa facturación más un 2% por la ayuda pública conseguida. Era la tarifa establecida.

Según ‘El Español’, el Gobierno fue consciente de todo en 2024 y en vez de denunciarlo se limitó a hacer limpieza de directivos en la SEPI. A, al menos cesó a 5 que habrían colaborado con Vicente Fernández, el expresidente de esta Sociedad y cabecilla d la trama.

Otra de las vertientes estaría en Correos. Con Leire Díez dentro, esta empresa pública modificó el sistema de contratación excepcional permitiendo muchas más adjudicaciones a dedo y sin publicidad. Según ‘ABC’ uno de esos contratos por más de 180.000 euros fue para un despacho de abogados sevillano que ahora también está siendo investigado por participar en esta trama.

Son solo algunas de las supuestas irregularidades detectadas a partir de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que considera que los tres investigados habrían “orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.