Agentes de la UCO entran en la sede del PSOE en Ferraz

El PP comienza a barajar un escenario sobre el que hasta ahora no ha dado ninguna pista. Más bien al contrario, ha negado siempre que fuera una opción posible. Se trata de la moción de censura instrumental, con la que también ha coqueteado Junts al darle aire, en sus mensajes privados, en vísperas de que hiciera el anuncio de su intención de vetar todos los proyectos de ley que lleve el Gobierno al Parlamento. Salvo excepciones que hayan sido ya pactadas o que supongan un beneficio directo para Cataluña. Ante la presión que va a más, a derecha y a izquierda, para que Alberto Núñez Feijóo concrete en ese instrumento parlamentario de la moción de censura su crítica generalizada a la gestión del Gobierno, la «carta» que Génova se guarda bajo la manga es asestar el golpe en el caso de que se concrete una imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal, dentro de la investigación abierta por los pagos en metálico realizados en Ferraz entre los años 2017 y 2024.

La clave del movimiento sería colocar a los socios de Pedro Sánchez delante de su propio espejo. Todos ellos, especialmente sus aliados de izquierda, están comprometidos por la campaña que impulsaron contra el PP para exigir responsabilidades políticas de los casos de corrupción que, en el pasado, acorralaron a las siglas del hoy principal partido de la oposición. En la etapa de Mariano Rajoy explosionaron Gürtel, Bárcenas o todos los escándalos que rodearon al PP valenciano en el ejercicio del poder institucional que ostentaron durante décadas. Los hoy socios de Sánchez se desgañitaban exigiendo responsabilidades políticas, al margen de las penales, por la «responsabilidad in vigilando». Un concepto hoy olvidado y sobre el que distraen la atención, echando balones fuera o alejando la exigencia de esa rendición de cuentas hasta que no se confirme la apertura de un proceso judicial por la financiación del partido. Es probable que, llegado ese punto, los socios volvieran a aflojar la cuerda para retrasar la actuación sobre Ferraz a la nueva condición de una hipotética condena. Pero en el PP consideran que este escenario marca un punto de inflexión con respecto al discurso que ha mantenido siempre para justificar que no formaliza la moción de censura porque no tiene los votos necesarios para sacarla adelante.

Registrarla supondría colocar a todos los aliados de Sánchez ante la decisión de cumplir su palabra en el nivel de exigencia contra la corrupción, ya rebajado al aplicárselo al PSOE, o hacerse cómplice de la de los socialistas. Este marco es el que explica que el secretario general del PP, Miguel Tellado, diera ayer el paso de sugerir públicamente este mecanismo en una entrevista en Al Rojo Vivo. No lo hizo de manera brusca ni formal, pero sí inequívoca al dejar car que «el país tendría que reaccionar si se cruzase la línea roja de imputar al PSOE como estructura».

El mensaje tiene valor de aviso. La censura se plantea como instrumento de higiene democrática ante un Gobierno bloqueado legislativamente y acorralado por la corrupción que afecta al corazón del «sanchismo».

Desde hace semanas, los socios parlamentarios han ganado tiempo ante los escándalos que marcan la actualidad política con el mensaje de que la financiación del PSOE es la frontera que no puede cruzarse sin consecuencias. El gesto más significativo llegó desde Junts, cuando decidió formalizar la ruptura de su apoyo parlamentario y dejó caer, sin concretarlo, pero con intención evidente, que un escenario judicial adverso para el PSOE abriría un debate sobre la legitimidad del Gobierno. No hablaron públicamente (otra cosa es el mensaje fuera de micrófono) de moción, pero sí de respuestas institucionales extraordinarias.

La apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional para investigar pagos en metálico supuestamente irregulares es lo que puede terminar de condicionar el escenario. La información que manejan en el PP consolida su confianza en que esta causa terminará con la imputación del PSOE. Los informes de la UCO describen un sistema de reembolsos opacos, sobres y entregas de dinero sin registro bancario, algunos vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El magistrado Ismael Moreno considera que la trazabilidad del dinero no coincide con la versión oficial del partido y que parte de esas operaciones podrían encajar en un esquema de financiación ilegal. Por eso ha reclamado toda la documentación entre 2017 y 2024: justificantes bancarios, conceptos responsables y destinatarios finales.

A la espera de ver en qué se concreta la investigación judicial, la moción de censura instrumental (dirigida únicamente a convocar elecciones) se presenta como un mecanismo parlamentario que simboliza la crisis de confianza en el sistema político. Tendría tres objetivos: marcar un antes y un después sobre la legitimidad del Ejecutivo; obligar a los socios del Gobierno a retratarse públicamente si se cruzara la línea roja anunciada; y construir un marco narrativo que sitúe al PSOE como un partido bajo permanente sospecha judicial y al PP, como el único actor capaz de ofrecer una salida institucional.

Feijóo pide el voto de Junts a la patronal

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer ante empresarios catalanes en la sede de Foment, la patronal catalana, que estaría dispuesto a presentar una moción de censura «con un único compromiso: convocar elecciones generales», pero admitió que «me sobran ganas y me faltan votos». «Lo que me falta son votos de los suyos (en referencia a Junts), pero no los tengo», señaló, antes de subrayar que se trata «de una constatación, no de una crítica». egún dijo, buena parte de los votantes de esos partidos apoyarían sus propuestas en materia fiscal, energética, migratoria y de vivienda.

La intervención de Feijóo en la sede de Foment del Treball con Josep Sánchez Llibre, su presidente, combinó diagnóstico y propuestas, y dibujó un relato de país en riesgo de estancamiento.