Pedro Sánchez deberá explicar algún día las razones de su sumisión a Marruecos. Ya resultó un escándalo, que, por primera vez, un Gobierno español se alineara con la tesis del país magrebí y, en contra de la resolución de la ONU, apoyara la autonomía del Sáhara Occidental en contra del referéndum. Entonces, se descubrió que el móvil del presidente había sido espiado, presuntamente por los servicios secretos del Rey Mohamed VI, y saltaron las sospechas de que el contenido del dispositivo podía destruir la carrera política del jefe del Ejecutivo español.

Otro acto de subordinación del gobierno español a los intereses de Mohamed VI fue con ocasión de una votación en el Parlamento europeo a favor de la censura periodística. La Eurocámara debatió una resolución en la que se reprobaba al Estado marroquí por su política represiva contra periodistas críticos. El grupo de los socialistas y demócratas apoyó dicha resolución con la sola excepción de los socialistas españoles. El PSOE, cumpliendo instrucciones de Moncloa, se desmarcó de exigir a Marruecos “respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa” y garantizar un juicio justo a los periodistas encarcelados por el mero hecho de informar sobre las protestas del Rif y que pueden ser castigados a 20 años de prisión.

Todos los Gobiernos españoles se han esforzado en mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de las trabas impuestas por el país magrebí que siempre ha empleado la baza del chantaje con la inmigración y el tráfico de hachís. Pero nunca se había producido una sumisión tan indigna como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La penúltima, al votar en el Parlamento europeo a favor de la censura, a favor de que unos periodistas pueden ser condenados a 20 años de cárcel por el mero hecho de informar sobre las protestas del Rif. Algo tan inexplicable como indigno.